Gabriela Martini Armengol
Directora Programa Educación Continua para el Magisterio
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad de Chile

La educación estuvo nuevamente al centro del debate nacional durante el 2016. Es una buena noticia, en tanto da cuenta de la persistencia de una preocupación país. Ello, si bien las discusiones en torno a las temáticas más álgidas en el campo educativo dejan en evidencia la polaridad de paradigmas y visiones sobre la educación y, en particular, sobre la educación pública.

El director de un Liceo Bicentenario del sur de nuestro país comentaba, a propósito de las nuevas normas que ponen fin a la selección: “Tenemos un nivel de exigencia alto, y nos atrasamos por hacer nivelaciones y reforzamientos para los niños que vienen mal preparados de afuera. Sin seleccionar estamos en buen lugar, pero con estrategias que desgastan mucho más a los docentes”. Entonces cabe plantearse ¿cuál es el rol de la educación pública sino justamente promover la integración social para todos los estudiantes del país? ¿Cuál es el rol de los docentes sino precisamente desarrollar estrategias de enseñanza aprendizaje para todos sus estudiantes?

Algunos de los temas que han marcado la agenda de debates del 2016 han derivado naturalmente de los ámbitos abordados por las principales leyes contempladas en los procesos de reforma educativa al sistema escolar y a la educación superior, temas que, cabe no olvidar, fueron puestos en la agenda pública por las movilizaciones de los estudiantes secundarios y universitarios hace ya una década. Las reformas legales que han puesto fin al lucro, la selección y el copago en el sistema escolar subvencionado, así como las reformas legales que apuntan a la reedificación de la educación pública (Ley Nueva Educación Pública) y a cambiar la condición actual del magisterio (Ley de Carrera Docente), sin duda significarán la configuración gradual de un nuevo escenario para el sistema público.

 

  • Carrera docente

La entrada en vigencia de la ley de carrera docente pretende reconfigurar la formación inicial y el desarrollo de la trayectoria laboral de los profesores y profesoras, conformando un nuevo sistema de carrera que reconceptualiza la noción de dicha carrera, entendiéndola como una profesión que se construye a lo largo de toda la trayectoria laboral y donde la educación continua pasa a ser un pilar fundamental de su constitución y desarrollo, la cual hoy es entendida como un derecho garantizado por el Estado.

El ejercicio de este derecho (y de los aprendizajes que conlleva) abre la oportunidad para que los profesores y profesoras desarrollen y/ o refuercen sus capacidades para enfrentar los escenarios que se plantean no sólo para la nueva educación pública, a partir de los cambios impulsados por las reformas -entre ellos la inclusión- sino también los desafíos que implica formar a los estudiantes en habilidades para la vida de este siglo y en el contexto actual, signado por la diversidad social, cultural, de género, de nacionalidades, de capacidades físicas , entre otras. Ello implica la diversificación de las estrategias formativas donde el aprendizaje situado, el trabajo colaborativo, la conformación de comunidades de aprendizaje, la pedagogía para o de la inclusión juegan un rol primordial. Entendiendo entonces que las condiciones laborales de los docentes son un componente sustantivo del desarrollo de la profesión, también lo es la exigencia de una formación en servicio que les permita enfrentar los desafíos de educar en el Chile y en el mundo actual. Y, por cierto, un sistema de evaluación en consistencia con ello.

 

  • Nueva Educación Pública

La conformación de un sistema nacional de educación pública -hoy inexistente como sistema dado que hay 345 modelos- que propone el proyecto de Ley de Nueva Educación Pública (NEP), es otro de los temas que marcó la agenda de los debates en 2016, y que sin duda subirán en intensidad y tono durante este año.

Al menos dos son los ejes fundamentales de la discusión; uno es el alcance de la reforma al modelo de educación pública; es decir si se trata de una transformación fundamental en la concepción y conformación del modelo o si “solo” es un cambio a la administración del sistema. El segundo, es el carácter centralizado o descentralizado del modelo de gestión. Y, en consecuencia, entra en discusión el rol que le tocaría jugar al Ministerio de Educación en el sistema.

Los propósitos declarados de la NEP; asegurar la existencia y proyección de un sistema de provisión educacional pública de carácter gratuito, inclusivo y de calidad, sin duda responde a una demanda nacional con fuerte respaldo ciudadano. Sin embrago, no existe consenso respecto a qué se comprende por gratuidad, inclusión y calidad, ni menos respecto a la estructura del sistema educativo que debiera impulsar la concreción efectiva de estos principios.

Si bien son múltiples las dimensiones de discusión en relación a la NEP, a partir del fracaso de la educación municipal (más allá de algunos pocos casos exitosos) tales como la propia gestación del proyecto, la conformación territorial de los Servicios Locales de Educación (SEL), la gradualidad de su entrada en vigencia y el limitado grado de participación de actores relevantes en ella, cabe poner en cuestión la profundidad real de la transformación propuesta. Ello en un contexto en que se mantiene la lógica mercantil en la educación así como el marco regulatorio de ésta (la propia Constitución, la LGE), así como el sistema de financiamiento basado en la subvención a la demanda (estímulo a la competencia), y el modelo de gestión en el cual se mantiene la figura de los sostenedores (modelo gerencial), lo que da cuenta de una nueva forma de administración de la educación pública que no resuelve ni aborda su vínculo con el desarrollo de un proyecto educativo para el país. ¿Se trata entonces de una mera modernización del sistema de administración educativa?

Analizando la propuesta actual de funciones de los Servicios Locales de Educación, surge la legitima interrogante respecto a cuáles pasarán a ser las funciones tanto de las Direcciones Regionales como de las Direcciones Provinciales de Educación. ¿Serán estructuras paralelas a los SEL? Aparece entonces el cuestionamiento obvio de que si el sentido de la transformación del sistema es reforzar el rol del Estado como garante de la educación pública, por qué no reforzar las estructuras ya existentes.

 

  • Formación ciudadana

El año 2016 se promulgó la Ley de Formación Ciudadana, la que obliga a los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado a incluir para todos los niveles de enseñanza un Plan de Formación que logre articularse con las orientaciones y contenidos del currículum escolar vigente, teniendo especial énfasis en el impulso a la participación y autonomía de los sujetos de las comunidades escolares, el desarrollo del pensamiento crítico, el respeto por los derechos humanos y el aprecio a la diversidad, y el fomento de una sociedad pluralista y democrática.

La compleja discusión parlamentaria y el intenso debate público previo a la promulgación de la mencionada ley, dan cuenta de la relevancia de este “nuevo” ámbito formativo que la política pública le asigna a las escuelas y liceos del país. La república versus la comunidad, por ejemplo, como medios y fines propios del ser ciudadano, el fortalecimiento de la democracia representativa y su reemplazo por otro sistema de gobierno y de expresión de la soberanía, probablemente están a la base de este debate.

Ahora bien, reconociendo la legitimidad de éstas y de otras posiciones y concepciones filosófico-políticas referidas a la ciudadanía, esta ley, así como la Ley de Inclusión, proponen a las instituciones y comunidades escolares desafíos significativos que se relacionan de modo muy íntimo con sus creencias y prácticas más profundas. Estos desafíos pueden traducirse en ciertas interrogantes que las propias comunidades y equipos profesionales de las escuelas han de ser capaces de responder colectivamente, por cierto: ¿Es la escuela un espacio propicio para la formación de ciudadanos? ¿Qué transformaciones deben sufrir la cultura escolar y las interacciones sociales y pedagógicas de los establecimientos para que ello sea posible?

El debate sigue abierto. Este 2017 la educación seguirá en agenda, y será un año clave (decisivo dirían algunos) para afianzar -o no- las promesas programáticas. Por ello más que nunca se hace necesario ampliar la discusión para abordar las múltiples interrogantes que hoy siguen vigentes, así como dar cabida a las propuestas, voces y experiencias de los actores claves del sistema educativo.  

Una discusión enclaustrada en el parlamento y sin participación de las comunidades educativas,   generará desafección de cualquier resultado legislativo. Una discusión centrada en las estructuras del sistema educativo público y no en su sentido, nos hará perder la oportunidad de reedificar lo público como uno de los grandes valores constructores de la República.