3.5 (70%) 4 votes

¿Cuál es tu plan? Plan de Formación Ciudadana: tensiones en la estructura autoritaria del sistema educativo nacional

Por Gabriela Muñoz Obregón, profesora de aula de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y Formación Ciudadana.

 

La promulgación de la ley que crea el Plan de Formación Ciudadana (en adelante Ley de Formación Ciudadana) es una señal positiva para el sistema educacional chileno. Se demoró, pero llegó. Era necesario que tras el retorno formal a la democracia en 1990, en algún momento se promovieran habilidades y actitudes propias de una sociedad democrática. Sin embargo, y a pesar de todos los avances que esto significa, también se requiere una revisión de las tensiones que la aplicación de la norma legal introduce en una orgánica institucional que tradicionalmente ha sido jerárquica y autoritaria.

Como toda legislación, la Ley de Formación Ciudadana es reactiva. Es decir, se promulga después de un acontecimiento o proceso que ha sido de notoriedad pública, con el fin de proporcionar un marco que regule determinados comportamientos de la sociedad nacional. En esta ocasión, la norma legal es un producto del compromiso político del Ministerio de Educación con la Comisión de Probidad y Transparencia, más conocida como Comisión Engel, la cual se formó a propósito de casos recientes de alta repercusión mediática relacionados con corrupción. En este contexto, la finalidad última de la ley es que tanto niños y niñas, como jóvenes y adultos de las comunidades educativas, se conviertan en una ciudadanía crítica, valórica, ética y participativa -entre otras virtudes-, traspasando a las nuevas generaciones la responsabilidad de autoformarse como sujetos no corruptos.

Sin lugar a dudas, la Ley de Formación Ciudadana representa una gran oportunidad para establecimientos educacionales reconocidos por el Estado chileno que no habían considerado aún la tendencia occidental hacia la formación de una ciudadanía crítica –los países orientales no comparten necesariamente esta perspectiva- y, al mismo tiempo, plantea importantes desafíos para su implementación en la realidad de dichas instituciones, que aún esperan ser abordados.

En este punto, quisiera referirme a temas que considero transversales en la ley que crea el Plan de Formación Ciudadana. Se trata de temas que generan problemáticas en múltiples dimensiones de su implementación, en los más diversos contextos educativos, sin importar etnias o nacionalidades de sus integrantes, edades o géneros de los y las estudiantes, tipo de dependencia económica, ni qué tan rurales o urbanos sean.

En primer lugar, uno de los supuestos de la Ley de Formación Ciudadana es que la sociedad es democrática, lo que requiere de una práctica continua y coherente. ¿Quién podría estar en contra de este valor en la actualidad? Sin embargo, las instituciones educacionales han sido tradicionalmente jerárquicas, lo que tiende a reproducirse en la mayoría de sus espacios. Por ejemplo, existe una dirección, un equipo de gestión, estamentos… y el currículum nacional lo deciden actores que cotidianamente no están en aula (la participación de colegas de Filosofía en la reciente propuesta para 3° y 4° medio fue excepcional y se debió a que se movilizaron para ser incluidos).

En segundo lugar, la ley busca que las comunidades educativas articulen su implementación con una serie de otros marcos regulatorios internos de cada establecimiento, nacionales e internacionales, tales como el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto de Mejoramiento Educativo, políticas públicas relacionadas con la no discriminación e inclusión, los Derechos Humanos y los Derechos del Niño –y de la Niña-. Esto representa un desafío mayor de gestión para las escuelas que históricamente han tendido a funcionar de forma jerárquica y autoritaria. La tradición muestra que la costumbre es tomar decisiones y no coordinar participaciones. Tal vez esta exigente coordinación se pudiera resolver asumiendo rápidamente las altas atribuciones que la propia Ley de Formación Ciudadana otorga a sostenedores y directores, pero ¿dónde quedaría la participación y la democracia para incorporar a la comunidad entera en la construcción del Plan? La organización interna del establecimiento debería considerar que todos los actores sean parte de esta construcción en, al menos, alguna etapa.

En tercer lugar, supongamos que en un establecimiento se ha resuelto todo, de tal manera que se realizarán los esfuerzos para concretar tamaña articulación. ¿Cuáles son los espacios y los tiempos que se destinarán a que se lleve a cabo la tarea de forma democrática? ¿Cuál será la logística participativa para construir un plan que persiga genuinamente aprendizajes significativos cada año y no para solo cumplir la ley?

En cuarto y último lugar, entremos al aula. El plan que establece la ley realiza un giro desde la Educación Cívica hacia la Formación Ciudadana, lo que en la formalidad implica que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se amplían: 1) Los temas a tratar: desde institucionalidad política y economía hacia convivencia, problemas sociales y medio ambiente, entre otros; 2) La cobertura curricular: con explicitación de los Objetivos de Aprendizajes Transversales; y, 3) Los focos de aprendizaje: desde los contenidos hacia las habilidades y las actitudes.

Los y las docentes somos expertos en generar aprendizajes significativos y tenemos las competencias para realizar ese giro que propone la ley. Sin embargo, estamos insertos en un sistema que históricamente no solo no ha sido propicio para implementar innovaciones, sino que aún en el siglo XXI se caracteriza por reproducir una lógica tradicional autoritaria y generar relaciones verticales entre sus integrantes.

Profesores y profesoras nos encontramos con un aula limitada a un espacio físico que promueve las relaciones poco democráticas entre los estudiantes y nosotros/as, con un pupitre personal al frente, una pizarra a la que deben mirar fijamente y una serie de bancos orientados hacia su dirección. Conseguir una sala interactiva no es nada fácil si escasean el espacio y los recursos materiales para llevar a cabo una transformación de estas proporciones.

En el ámbito de las condiciones laborales que afectan los aprendizajes en aula, nos enfrentamos al exceso de estudiantes por curso, a un horario exigente tanto en el establecimiento como en el hogar, y a la poca diversidad de capacitación significativa para nuestras carreras, en buenas instituciones de educación superior… para los que tenemos la fortuna de poder capacitarnos en las horas libres. Todo esto sin mencionar el sometimiento a una Ley de Carrera Docente poco representativa de las bases gremiales nacionales, que no recompensa la formación continua y promueve el individualismo, atentando en contra del trabajo colaborativo que –dicho sea de paso- es uno de los ejes del Plan de Formación Ciudadana que debe desarrollar cada comunidad en su conjunto.

En muchos establecimientos educacionales los y las docentes tenemos vocación y preparación para llevar a cabo un Plan de Formación Ciudadana, pero también hay que considerar que estamos insertos en instituciones jerárquicas, que enseñamos en aulas del siglo XIX y que tenemos una ley que por ahora sigue siendo una promesa.

Probablemente, la gran tensión que sintetiza el mayor conflicto actual es que con la ley que crea el Plan de Formación Ciudadana se busca aplicar una política pública de corte democrático, en un sistema definido por las relaciones jerárquicas y el autoritarismo. Ante esta problemática, a las comunidades educativas solo nos queda tomar conciencia de ella y empoderarnos para, de esta manera, garantizarnos a nosotras mismas los espacios y los mecanismos que fortalezcan una lógica crítica y participativa, que oriente la germinación de un Plan de Formación Ciudadana identitario dentro de una orgánica que, por lo pronto, sigue siendo la limitante más grande a enfrentar.