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Una Nueva Escuela Pública

 

El 18 de diciembre de 2013, sin previo aviso, fuerzas especiales de Carabineros mandatadas por el Alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, ingresaron a las dependencias de la Escuela Comunitaria República Dominicana, en toma pacífica por casi un año. Durante 11 meses de movilización, a través de un trabajo mancomunado entre madres, padres, estudiantes, profesores y profesionales de la educación, el proyecto educativo denominado “Liceo Polivalente Comunitario República Dominicana” se fue configurando como una experiencia inédita.

por Iván Páez

 

Por cierto, el desalojo y cierre no son hechos muy novedosos. Entre 1990 y 2012 se cerraron 750 colegios públicos municipales y sólo en 2013 se clausuraron 42. A lo sucedido en La Florida, se suman cierres en Cerro Navia y Pirque recientemente.

Se esgrimen argumentos tales como “escasez de matrícula”, “problemas de infraestructura”, “escasos recursos” y otros varios inconvenientes provenientes desde el ámbito de la gestión municipal. Por otra parte, tampoco es explicable que no se haya utilizado pertinentemente un fondo aprobado en el presupuesto 2013, de 175 millones de dólares para evitar el cierre de Escuelas. Si sumamos a este cuadro la baja persistente de la matrícula pública; se configura un verdadero cuadro crítico.

 

EL EJERCICIO DEL DERECHO

 

“Sin duda que una tarea fundamental, de primer orden, es empezar cuanto antes con la desmunicipalización de nuestra educación pública…”.

 

En el caso de la Escuela República Dominicana se evidencia aquello. Un gobierno local que cierra una Escuela y luego, reconociendo el error, intenta reabrirla, pero no en base al diálogo y búsqueda de acuerdos, sino basándose en la represión (desalojo) hacia quienes defienden el derecho a la educación de esos niños y niñas que seguían educándose en ese centro educativo.

El esfuerzo comunitario, con un voluntariado comprometido, con educadoras y educadores que volcaron en los casi 100 alumnos que quedaron en la escuela lo mejor de sus prácticas, y el apoyo del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile; no fueron considerados, y menos que ese centro educacional naciera con identidad propia anclada en la cultura poblacional del sector.

¿Qué hacer aparte de insistir en el proyecto, de redoblar la búsqueda del diálogo local, de profundizar en el trabajo pedagógico y la construcción comunitaria, de velar para que se proteja la educación de niños y niñas afectados?

 

   Imagen cortesía de ECRD

 

Sin duda que una tarea fundamental, de primer orden, es empezar cuanto antes con la desmunicipalización de nuestra educación pública, y así cumplir con el deber de mantener y desarrollar un sistema nacional de educación pública que garantice de una buena vez el ejercicio universal del derecho a una educación de calidad.

 

LA ÉPICA DE LA ESPERANZA

 

“Por cierto, para transitar a ese régimen, se hace imprescindible instalar rigurosos estándares públicos para la oferta de educación particular subvencionada y eliminar definitivamente el financiamiento compartido”.

 

Se requiere que el Estado asegure y garantice una oferta pública relevante, otorgando prioridad por la educación pública. Se necesita avanzar a un régimen que contenga un Sistema Nacional de Educación Pública autónomo y descentralizado, con una responsabilidad clara y exigible del Ministerio de Educación que lo coordine y articule para garantizar su buen funcionamiento, financiamiento, calidad y equidad. Descentralizado y con la participación activa de las comunidades locales. Con territorios donde existan organismos públicos que administren redes de establecimientos públicos, coordinadas y articuladas como un sistema nacional. Por cierto, para transitar a ese régimen, se hace imprescindible instalar rigurosos estándares públicos para la oferta de educación particular subvencionada y eliminar definitivamente el financiamiento compartido. Y para evitar los riesgos de una implementación al estilo “transantiago”, la puesta en práctica de la desmunicipalización debe ser gradual, considerando avances por zonas geográficas, acompañadas de sistemas de monitoreo que permiten corregir deficiencias observadas, y contando con fondos suficientes para estimular y apoyar los cambios necesarios.

Toda una nueva institucionalidad, pero donde lo principal no es precisamente el orden o modelamiento de una nueva estructura, sino que el sentido que la sostenga y la desarrolle. Un cambio tan importante debe atender un épica que le de esperanza a tantos niños y jóvenes, esperanza a nuestros maestros y familias, esperanza a una sociedad que exige cambios reales en pos de una educación pública que sea gratuita, pero también de calidad y con sentido formativo.

Los excesos y errores en nombre de la municipalización ya son demasiados. No podemos esperar más.

 

IVÁN PÁEZ es Director Ejecutivo del Programa de Educación Continua para el Magisterio (PEC) de la Universidad de Chile.