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El Programa de Educación Continua para el Magisterio (PEC) es una instancia universitaria que se creó para apoyar el desarrollo profesional docente en un contexto de reforma curricular y una sostenida demanda de la política pública por mejorar resultados de aprendizaje, entre otras variables. Esas exigencias se enmarcan en una veloz producción de nuevo conocimiento científico e impresionante desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, agregando a ello constantes y complejos cambios culturales, sociales y políticos que condicionan la actuación de cualquier profesional que se asuma como tal.

por Iván Páez

 

Frente a ello, cabe hacerse algunas preguntas… ¿Disponía nuestro magisterio de la capacidad para responder o incluso para anticiparse a esos fenómenos, a esas exigencias? A priori, resulta razonable la duda y la incertidumbre acerca de esa capacidad. Ciertamente es una incertidumbre condicionada, ya que la ciudadanía y el Estado no podrían exigir esa anticipación si a los actores pertinentes no se les entregan o no se les generan las condiciones necesarias para abordar tales desafíos.

 

“…estamos asistiendo a un movimiento ciudadano que apela a la educación para que sea un componente que posibilite o al menos ayude a la construcción de un país más integrado y democrático”.

 

¿Están dadas esas condiciones actualmente? Por cierto que hay obstáculos para disponerlas. Es indesmentible la existencia de deudas con el magisterio. Una deuda se expresa en la desvinculación del Estado con su educación pública, cuya expresión máxima se dio cuando de modo antidemocrático se definió el traspaso de la educación pública a los municipios. Otra es el daño previsional (la “deuda histórica”) y su consecuente daño a la identidad y profesión docente, además de la desastrosa política de formación inicial docente que implicó la creación de una cantidad enorme de nuevas carreras de pedagogía que se implementaron sin los mínimos estándares académicos, en el marco de un sistema de educación superior sin regulación pertinente durante décadas. Otras deudas están asociadas a ciertas condiciones laborales como los espacios de trabajo, las remuneraciones o el tiempo disponible para la reflexión pedagógica.

Todo ello no generó precisamente mejores condiciones, a pesar de diversos esfuerzos públicos tanto en mejoras de remuneraciones como aportes a la infraestructura pública, además de otros incentivos tendientes a reforzar la carrera docente.

 

editorial

 

Esfuerzos que no han podido contrarrestar quizás lo más complejo; que esas deudas se transformaran en un dedo inquisidor, que identifica al magisterio como el “responsable de los males educativos”, señalándolo como el principal causante de  los magros resultados que presenta el país en la materia, expresados no sólo en indicadores internacionales comparativos o en la dramática baja de matrículas en la educación pública, sino también en una lamentable indefinición que se vive en las aulas públicas toda vez que no se desarrolla un proyecto – país que apunte a la formación de ciudadanía, esencial en un proyecto educativo republicano. En cambio, se ha superpuesto un enfoque técnico que se sostiene a partir de la eficiencia o eficacia de ciertos modelos de instrucción destinados a mejorar básicamente desempeños laborales que impacten en aprendizajes sólo medibles con instrumentos estandarizados, invisibilizando de ese modo la especificidad del acto educativo, además de no atender la centralidad del saber docente y su práctica.

Como contrapartida, estamos asistiendo a un movimiento ciudadano que apela a la educación para que sea un componente que posibilite o al menos ayude a la construcción de un país más integrado y democrático, intentando reponer un proyecto humanizador centralizador que la desligue de esa visión que la considera sólo como un ámbito de gestión intra aula, y que la percibe como un acto técnico más que formativo y transformador.

En esta misma línea, cabe preguntarse si los y las estudiantes, cuando apelan a una educación gratuita, pública y de calidad, también están demandando una nueva educación.

Por tanto, resulta coherente sostener que el cómo se concibe esa nueva Escuela chilena es lo que se juega finalmente en el debate público. Al respecto, ya iniciado el siglo XXI, no es aconsejable pensar que las respuestas que se dieron en el siglo XX  servirían para este nuevo escenario del siglo XXI. Tampoco se trata de “importar” conocimiento de academias o académicos extranjeros, en una suerte de “salvadores de la educación pública”, como lo hizo el país en el siglo XIX. A estas alturas de la historia, sería casi un acto de neo colonialismo.

Entonces lo que está en juego tiene un mayor alcance, y no se trata sólo de un asunto nacional, no sólo Chile está en búsqueda y cambio, sino que se trata de un fenómeno global, donde la anticipación y prospección es una condición fundamental para responder tanto a las exigentes demandas ciudadanas, como a los veloces cambios que genera la creación del conocimiento. La nueva Escuela chilena debería atender ese proceso, donde nuestro magisterio juega y jugará un rol fundamental. Educación para la ciudadanía; maestros y aprendices que caminen juntos para atender estos nuevos desafíos, que cuenten con un Estado activo y no subsidiario, que ayude a forjar y reforzar una sociedad democrática e integrada, con estándares pertinentes y exigencias de calidad y excelencia de acuerdo a las propias realidades y especificidades, atendiendo la generosa creación de conocimiento disciplinario y pedagógico, son entre otros ejes, pilares que deben ayudar a fundar el nuevo trato entre todos los actores que construyen nuestra educación.

El PEC tiene un compromiso con ese esfuerzo. Un deber que se entrelaza con la responsabilidad de la Universidad de Chile respecto al sistema educacional del país y que nació institucionalmente cuando se funda en el año 1889 el Instituto Pedagógico en la Facultad de Filosofía y Humanidades. La misma unidad académica que décadas después recuperó la formación de profesores en la casa de Bello.  Un compromiso histórico que se llena de sentido en la Universidad de Chile, al disponer de una inmensa riqueza que constituye la creación e interacción permanente de saberes y prácticas formativas y que vive y convive entre la interrelación disciplinaria y un sentido de país.

Esta nobel publicación digital nace queriendo compartir ese sello, ese enfoque, esa PersPECtiva. Nuestra Revista asume estos desafíos, por lo que esperamos contribuir a un debate acerca de la educación, al intercambio y la reflexión, a una construcción polifónica para comprender la profesión docente, colaborando así a su valorización y confianza pública, y promoviendo un rol estatal más activo con la educación pública para un Chile integrado en coherencia con los derechos sociales y universales de nuestros infantes y adolescentes que día a día concurren a las aulas del país.

 

IVÁN PÁEZ  es Director Ejecutivo PEC de la Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad de Chile.