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Por: Pablo González, Encargado de Redes Educativas, profesor de la Línea de Liderazgo y Gestión Escolar, Programa de Educación Continua para el Magisterio, Universidad de Chile

Este nuevo número de Perspectiva se publica en un escenario de crecientes complejidades para la profundización, e incluso permanencia, de aquellos cambios que, aunque muy tímidamente aún, algunas políticas públicas han logrado dibujar-señalar en el sistema escolar chileno, cambios que pueden significar la posibilidad de ser testigos y actores de la emergencia de una Nueva Escuela Pública. La gratuidad, el fin del lucro en la educación escolar, la inclusión, la creación de los Servicios Locales de Educación y el proceso de desmunicipalización de escuelas y liceos, la educación para la igualdad de género, la formación ciudadana, la nueva política de convivencia escolar y la ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, son algunas muestras de aquello.

En general, dichas reformas tienen un concepto clave desde el punto de vista de sus fundamentos y propósitos: el reconocimiento. Dicho concepto tiene dos alcances transformativos de la realidad de las escuelas, los cuales son igualmente significativos. Por un lado, reconocimiento respecto a que todos los actores de las comunidades escolares son portadores de un conjunto de derechos, sin importar su condición social, étnica, económica, de género, ideológica, religiosa, o de cualquier otra naturaleza u origen. Es probable que esta derivada del reconocimiento, atribuible al denominado “enfoque de derechos”, sea la más recurrida por el discurso oficial de la institucionalidad del sistema escolar y, ese solo hecho, por cierto, constituye un valioso avance para una escuela-sociedad tan segregada como la chilena.

Sin embargo, en especial con el nuevo escenario, existe la posibilidad de que esta acepción del concepto quede en el superficial plano de la formalidad de las normas y de las apariencias. Nada nuevo, por cierto, en el sistema y en la sociedad.

Un segundo alcance de este concepto, clave para que la letra de la ley y, en especial, el sentido de los fundamentos y conceptos que la constituyen se hagan realidad en la transformación de las culturas escolares, invita a abordar el reconocimiento desde la propia  perspectiva socio-cultural que le es consustancial.

La escuela, más allá de las leyes y normas, de los controles y supervisiones propios de la institucionalidad, es también el resultado del encuentro de diversas comunidades y culturas que coexisten e influyen en la formación-transformación de todos sus integrantes: cultura académica; cultura institucional; culturas sociales (hegemónicas y contra hegemónicas); culturas juveniles (Pérez Gómez, 1995).

Es en ese marco donde emerge una de las claves que pueden hacer posible la transformación de la escuela. El cambio del espacio escolar se juega sustancialmente en el reconocimiento y la valoración de las diferencias culturales, sociales y personales de quienes conviven en el espacio escolar (Murillo y Hernández, 2014). Se juega, por tanto, en el reconocimiento y aprecio del aporte que sus actores hacen al proceso formativo y al aprendizaje de todos en la escuela o liceo.

Para avanzar en la dirección señalada, Perspectiva presenta este número especial, dedicado y protagonizado por unos de los actores -posiblemente- más invisibilizados por la tradición, la política pública y la literatura especializada. Presentamos este número dedicado, con especial valoración y aprecio, a los asistentes de la educación del país, quienes han jugado y juegan un rol relevante en la marcha cotidiana de los establecimientos escolares y, en especial, a quienes se constituyen como agentes educativos claves e indiscutibles.

Los asistentes de la educación son, por los cambios culturales e incluso tecnológicos de la sociedad y por efecto de sucesivas políticas públicas, uno de los estamentos de la comunidad escolar que más ha crecido en número y en complejidad en estos 30 años. Su propia composición es diversa y variada. En este actor colectivo de la escuela encontramos a figuras históricas y entrañables, especialmente características de los centros educativos, como puede ser el funcionario que recibe a diario a estudiantes y apoderados en la puerta del edificio escolar. También podemos ver entre sus filas a otros profesionales universitarios, recientemente arribados al espacio de la escuela, quienes completan y amplían la labor de profesores y profesoras.

Por su sola diversidad y los aportes que hacen en el cumplimiento de sus roles y funciones en la escuela, en especial por el contacto cotidiano que tienen con estudiantes, con madres, padres y apoderados, por la relación que tienen con profesores y directivos escolares, por su conocimiento profundo de la realidad contextual de las comunidades que conviven en el espacio escuela, la realización de los proyectos educativos y los planes de mejoramiento requieren conocer y reconocer a este grupo de personas que, más allá de los dictados de la tradición y las normas, se eleva a diario como un actor educativo clave de la escuela.

Los propios asistentes de la educación tienen un camino recorrido en cuanto a su reconocimiento institucional y legal en las comunidades. Existen hoy agrupaciones a nivel comunal, regional y nacional, que propician la organización de trabajadores, administrativos, técnicos y profesionales de las escuelas y liceos. Estas agrupaciones han logrado generar un movimiento que dialoga con las autoridades del ejecutivo y del parlamento, con el fin de avanzar en la reformulación de cuerpos legales que precisamente les otorguen el reconocimiento de su condición y de sus derechos, tanto en el plano material como en el ámbito de la participación en la vida de la escuela. 

Este número se propone dar otro paso en el compromiso de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile con los asistentes de la educación, compromiso que se ha manifestado a través de incontables acciones de formación y apoyo, realizadas por el PEC en sus casi 20 años de existencia. En la presente edición el lector encontrará voces de estos actores, a quienes las comunidades escolares, particularmente los docentes y directivos, deben saber escuchar y reconocer. Lo anterior resulta indispensable al momento de sentar las bases para la edificación de una Nueva Escuela Pública, una escuela inclusiva, una escuela ciudadana, una escuela justa.

Referencias

Murillo, J., y Hernández, R. (2014). Liderando escuelas justas para la justicia social. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 3(2), pp. 11-30.

Pérez Gómez, A. (1995). La escuela, encrucijada de culturas. Revista Investigación en la Escuela, N° 26, pp. 7-23.