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¡Educación de excelencia, gratuita y equitativa para quienes enseñamos!

Por: Gabriela Muñoz Obregón, profesora de aula de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Créditos fotografía: www.biobiochile.cl

 

A fines de julio del presente año hubo docentes contentos, otros decepcionados y algunos un poco indiferentes. El factor común era la remuneración. Los primeros estaban contentos porque su remuneración aumentó; los segundos, decepcionados porque esperaban recibir el alza en su liquidación, pero solo en ese momento se enteraron de que, estando a pocos años del retiro, el haber decidido no trasladarse a la Ley de “nueva carrera docente” significaba que no recibirían ese monto como sus colegas. Los terceros, algo indiferentes porque sabemos que este incremento en dinero solo viene a ser una especie de indemnización por todo lo que no nos identifica en esta nueva ley.

En medio de las movilizaciones del paro de docentes del año 2015, con mis colegas imprimimos un volante que repartimos en la esquina del establecimiento. En él estaba nuestro petitorio. Entre otras mejoras, en lo que respecta al desarrollo profesional docente, exigíamos formación universitaria y continua. Considerábamos que generar aprendizajes de excelencia en nuestros estudiantes implicaba que el Estado tenía el deber de formarnos a nosotros/as en la excelencia. De otra manera, ¿cómo podríamos ofrecerla a nuestros estudiantes?

Queríamos que la reforma del sistema educacional también llegara a nosotros, pero con nosotros. Era la oportunidad para reivindicar nuestra deteriorada posición en la sociedad chilena del siglo XXI, a través de reales transformaciones de las condiciones laborales del trabajo tan fundamental que realizamos todos los días con nuestros niños, niñas y jóvenes.

El Estatuto de los Profesionales de la Educación -modificado por las leyes aprobadas recientemente-, en el ámbito de Formación para el Desarrollo de los Profesionales de la Educación, establece varios derechos de los docentes cuyo mérito es necesario reconocer. ¿Quién podría criticar que tengamos el derecho a formación gratuita, o que las instituciones responsables de formar docentes deban estar ellas y sus cursos debidamente acreditados? Nadie que estime la estructura del sistema educativo nacional podría estar en contra de esto.

La Ley 20.903 establece, efectivamente, que los profesionales de la educación tienen derecho a formación gratuita. Debo confesar que cuando leí esto, me inundó una ingenua felicidad. Yo, que había tenido que hacer tantos malabares económicos y personales para estudiar dos carreras, dos diplomados y ahora un magíster, me alegré pensando que más adelante podría seguir estudiando con financiamiento del Estado y de que mis colegas no deberían pasar por lo que yo había pasado para acceder a una formación continua.

Es cierto que, aunque tuve cargos que lo ameritaban, nunca me reconocieron los postítulos. Nunca fui de calcular, a la hora de tomar un curso, si pagaban aumento de sueldo por tomarlo. Yo estudio lo que disfruto y lo que creo necesitar para mejorar mi desempeño en el trabajo. Si eso coincide o no con lo que se reconoce, me entero después. Por eso era tan emocionante leer ese derecho a la gratuidad en nuestra formación. Sin embargo, la decepción no tardó en aparecer. Más adelante la ley señala que “los programas, cursos o actividades de formación […] no comprenden aquellos programas conducentes a una formación de posgrado”. Esto significa que los y las docentes debemos costear nuestras maestrías y doctorados.

Podía ser peor aún. A medida que avanzaba en la lectura de la ley, pude ver que no solo las universidades podrían impartir estos cursos, sino que también centros de formación técnica e institutos profesionales. Aunque la ley establece que estos centros deben ser sin fines de lucro y estar acreditados, hay ciertos cursos y actividades que no pueden ser acreditados, así que su pertinencia se asegura si se demuestra que la institución posee los recursos humanos y materiales, además de metodología adecuada y experiencia en la formación de profesionales de la educación. Solucionado el problema.

Pero, además, por varias razones, si un/a docente está bien evaluado/a según el sistema impuesto por la ley, es muy difícil que acceda a algún curso de su genuino interés o necesidad. En primer lugar, la estructura autoritaria del sistema educativo chileno se refuerza cuando son los sostenedores y directivos los que determinan las necesidades de la comunidad en cuanto a perfeccionamiento. Dentro de este ya restringido panorama, se establecen “criterios de prioridad para seleccionar” a los postulantes: trabajar en un establecimiento con alta concentración de alumnos prioritarios; que su establecimiento esté bajo el promedio nacional en la evaluación; y que exista relación entre su función y el curso al que postula. Es decir, difícilmente un docente de aula podría aspirar a estudios para trasladarse a una coordinación técnica, sobre todo porque esto se logra con una maestría y esas no se pagan.

A partir de los aspectos señalados, es necesario reflexionar acerca del desmejoramiento de las condiciones en que se realiza la labor docente y los vicios que generarán las restricciones a la formación continua, junto con el reforzamiento de un sistema individualista y mercantilista en los cimientos de la educación chilena, es decir, en los/as docentes, y las debilidades que conlleva que centros de formación técnica e institutos profesionales participen en el perfeccionamiento docente.

En primer lugar, las condiciones en que se realiza la labor docente se verán desmejoradas por el desconocimiento del perfeccionamiento profesional en términos remunerados. La reforma establece que se termina con la asignación de recursos diferenciados en el sueldo de los docentes que tengan estudios de cursos, postítulos y posgrados, porque el Ministerio de Educación -a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas- entregará formación continua gratuita. No obstante, todas las restricciones antes vistas hacen que solo una fracción de los/as docentes pueda acceder a estos cursos y que muchos de los que deseen realizarlos no puedan por estar calificados con un buen desempeño o porque se presupone que sus estudiantes no necesitan a un docente mejor preparado, por no ser “prioritarios”. Además, toda esta lógica está sostenida por un supuesto individualista, a saber: el/la docente financiará su postítulo o posgrado únicamente en beneficio propio, pues ese aprendizaje le significará un mejor rendimiento en la evaluación docente, lo que implicaría el avance en tramos según su encasillamiento y, por tanto, un aumento en su sueldo. Esto supone que los docentes querríamos perfeccionarnos únicamente en beneficio personal.

En segundo lugar, las restricciones de la ley a la formación continua generarán vicios que sostienen lógicas que sería positivo erradicar. Sucede que este sistema de desarrollo profesional docente está definitivamente orientado a concretar el avance en tramos del encasillamiento de cada docente y, con ello, el futuro éxito de la reforma educacional actual en términos cuantitativos. Sin embargo, es posible anticipar que la falta de inversión del Estado en una formación docente de excelencia y el desconocimiento de la asignación a su perfeccionamiento traerá consecuencias indeseadas, tal como la deserción del sistema actual de docentes de excelencia, que se costean gastos de maestrías por cuenta propia y reciben ofertas laborales de ámbitos afines. No quiero dejar de mencionar que hay estudios que señalan que los/as docentes solo demandamos diplomados y maestrías, por eso no menciono doctorados, pero ¿por qué no nos permitimos pensar que podríamos tener también a docentes doctores/as enseñando en las aulas de todo el país? Esta ley no hace más que reforzar esta triste estadística, porque quienes se doctoran se dedican casi exclusivamente a la academia y nada los estimula a considerar la posibilidad de ejercer la pedagogía en el sistema escolar.

En tercer lugar, esta ley refuerza un sistema individualista y mercantilista en los cimientos de la educación chilena, esto es, en sus profesores y profesoras. El individualismo se observa en el bien pensado proceder para la inversión en la promoción de tramos en el encasillamiento y la obtención de una mejor remuneración de cada docente, en base a sus posibilidades de acceder o no a la formación continua, si llegara a quedar seleccionado, dejando fuera –entre otras cosas- la valoración de un trabajo colaborativo significativo dentro de la comunidad. El mercantilismo brota del fortalecimiento al sistema de acreditación de las instituciones encargadas de los cursos para docentes. A mí me llama profundamente la atención que existiendo un Ministerio de Educación, este no cuente con las atribuciones y las obligaciones de fiscalizar, a nombre del Estado, las condiciones de una institución educativa, sino que desconcentre, tercerice y licite esa función tan poderosa. Lo cierto es que estos procedimientos se han naturalizado de tal manera que ya nadie los discute.

Finalmente, a mi juicio, la Ley de Desarrollo Profesional Docente institucionaliza una debilidad al dejar abierta la posibilidad de que centros de formación técnica e institutos profesionales impartan cursos de perfeccionamiento para docentes. Es sabido que las universidades tradicionales han cultivado una valiosa trayectoria en la formación de profesores y profesoras a lo largo de todo Chile y la reforma debería aspirar a que, de manera equitativa, todos sus maestros pasen por ella, al menos en alguna instancia de sus carreras, más que esperar que acumulen numerosos cursos funcionales al avance del encasillamiento impartidos por instituciones que tienen la voluntad, pero no las cualidades requeridas para impartirlos.

Desde mi punto de vista, la excelencia en la formación para docentes se distingue de otros ámbitos con su paso por universidades también de excelencia, sobre todo si se espera de nosotros/as que mostremos horizontes de lo posible a nuestros estudiantes, provenientes de las más diversas regiones y localidades, así como de estratos socioeconómicos y capitales culturales muy desiguales.

Cuando hago referencia a mostrar horizontes de lo posible a nuestros niños, niñas y jóvenes, estoy pensando en una educación primaria y secundaria que se oriente a formar -¿por qué no?- a los nuevos pensadores de Chile y América Latina, así como a definir su lugar en el mundo actual. Si nuestros jóvenes toman otros caminos, que sea porque así lo deciden en plena libertad, no porque sus maestros y maestras les muestran un camino mezquino y finito. El conocimiento universal es liberador, por eso todos debemos poder acceder a él y los docentes somos el puente que los jóvenes muchas veces no tienen en sus hogares para transitar hacia esos nuevos saberes.