Camila Rojas, Ex Presidenta de la FECH: “A pesar de que existió diálogo con el Ministerio, nada de eso se consideró en el proyecto final”

La ex presidenta de la FECH, Camila Rojas, critica la forma y el fondo del proyecto de Reforma a la Educación Superior presentado por el gobierno de Michelle Bachelet. En la conversación de Revista Perspectiva con la estudiante, profundizamos el rechazo del movimiento estudiantil a este nuevo proyecto, las maneras en las que pretenden influir en este proceso y el cambio de paradigma que desde el movimiento estudiantil han estado impulsando: entender la educación como derecho social y no como un bien de mercado.

Por Andrea Guerrero.

 

¿Cuáles son las críticas que se hacen desde el movimiento estudiantil hacia este nuevo proyecto de reforma a la educación superior?

Lo primero una podría decir que es de forma, pero evidentemente también está vinculado al contenido. Es que a pesar de que existió diálogo con el Ministerio, de parte de los rectores, de los trabajadores de las institucionesde educación superior y los estudiantes, nada de eso se consideró en el proyecto final. Finalmente lo que ingresa no tiene las consideraciones respecto de institucionalidad y financiamiento, condiciones laborales, no se consideran ejes como la democracia, no se profundiza ni se cambia lo que es gratuidad. Como base de por qué el proyecto es rechazado de manera generalizada tiene que ver principalmente con que se propone un diálogo pero que no es más que una pantomima y de sustantivo no tiene nada. Era solo para hacer que nos escuchaban, pero en verdad nada de eso queda plasmado en el proyecto.

¿Y qué se critica en específico?

El proyecto lo que viene a hacer es a consolidar la institucionalidad ya existente en educación superior. O sea un modelo donde tenemos un 85% de estudiantes matriculados en instituciones privadas, un 15% matriculados en instituciones estatales y el proyecto viene a decir como “eso está bien, por lo tanto vamos a administrar eso que ya está”. Todo lo que trata, institucionalidad, financiamiento, se fundamenta en administrar eso que ya existe, y en ningún caso, por ejemplo, fortalecer lo público o hacerlo hegemónico, o por ejemplo terminar con el negocio educativo ya sea a través de la regulación o a través del crecimiento de lo público. El proyecto propone una creación de una agencia de calidad, de una superintendencia, sin embargo, por la experiencia que se tiene en Chile ya en pensiones y en salud, no es que una superintendencia vaya a ser solución a las problemáticas de fondo.

Los estudiantes desde la Confech y la FECh en particular, han hecho un llamado a pensar la educación desde otra perspectiva, que no sea desde el mercado.

Sí, la situación de negocio educativo es bien crítica en Chile y durante los últimos años se ha hecho más expresiva por ejemplos bien concretos, una universidad que cierra que es la Universidad del Mar, problemática que no soluciona el Ministerio de Educación, sino el Servicio Nacional del Consumidor. Nuestra aspiración es a cambiar esta situación y que más estudiantes puedan asistir a la educación pública, que se entienda la educación como un derecho social, por eso la importancia de que no sean los privados los que lo administran de manera mayoritaria. Por otro lado que la educación privada que exista tenga ciertos marcos regulatorios y condiciones de existencia: condiciones laborales dignas, con mayor democracia en su funcionamiento y en la toma de decisiones. Sin embargo eso tampoco es algo que se considera, las regulaciones que se ponen por ejemplo hoy día en el proyecto tienen que ver meramente con que se cuente con los recursos suficientes para administrar la institución, y es un mínimo pero no apunta a cambiar el sistema como tal, sigue entendiendo al estudiante como un consumidor. Ese es el cambio de paradigma al que se apunta como movimiento.

La Confech también agrupa a estudiantes tanto de universidades del estado como universidades privadas, ¿cómo se hace desde lo estudiantil la exigencia al estado de hacerse cargo de ambas realidades?

La Confech desde el 2011 también agrupa a instituciones privadas, ya sean universidades o institutos profesionales y centros de formación técnica, por lo tanto está esa heterogeneidad. Lo que nosotros vemos que compatibiliza ambas cuestiones, es entender la educación como un derecho social, que si un privado entrega educación se tiene que regir a ciertos marcos, pero por otro lado que es importante que sea impartida principalmente por instituciones públicas. No es que de inmediato se transporte toda la matrícula de privadas a estatales, pero sí la posibilidad de que las instituciones estatales públicas puedan ampliar su matrícula de manera de que en una cantidad de años puedan tener la mitad de la matrícula, por ejemplo, y que solo la otra mitad esté en las privadas. Y esa mitad tenga regulaciones potentes, que no sea simplemente abrir una institución, sino que se aseguren condiciones de calidad. Puede que haya muchos cierres de instituciones privadas y se tiene que asegurar a esos estudiantes que puedan seguir con la carrera. No puede pasar lo mismo que pasó con la Universidad del Mar. Este es un problema público, por lo tanto, el Estado se tiene que hacer cargo como tal.

Que la mayor cantidad de matrículas las tenga el sector privado también tiene que ver con las facilidades que se les entrega hoy para crear instituciones que se llaman Universidades, sin cumplir con ciertos estándares…

Claro, en la visión y misión más clásica de una universidad el desarrollo de la investigación, la docencia y la extensión son claves. Muchas de las instituciones que hoy día existen en Chile no cumplen con esas tres funciones, sino que principalmente entregan docencia, y por lo tanto, el Estado, y más con el proyecto que se ingresó ahora al congreso, termina siendo un comprador de servicios de los privados, porque termina financiando instituciones privadas para que entreguen educación, ya sea a través de los créditos o becas. Y sí, tiene que ver con la cantidad de instituciones estatales que existen, pero tampoco es que las universidades privadas sean tantas, pero tienen mayor matrícula. Y de hecho se concentra en pocas manos. El holding Laureate tiene tres o cuatro instituciones asociadas: la Universidad de Viña del Mar, la Universidad de las Américas y la Universidad Andrés Bello, además del AIEP como instituto, tienen más de 100 mil estudiantes. Otra institución es la Santo Tomás. Y ellas juntas tienen más de lo que tienen las estatales. De hecho, en términos de Crédito con Aval del Estado, las arcas fiscales le entregan lo mismo a esas instituciones que a 14 estatales juntas. Por lo tanto, hoy día tampoco se trata de que sean privados que entregan un servicio a costa de ellos mismos, sino que sobreviven porque hay recursos estatales de por medio.

¿Y de qué manera crees que el Estado se está haciendo cargo de estos estudiantes que estudiaron con CAE y que actualmente se encuentran con deudas millonarias?

Lo que vemos después de diez años de la primera implementación del CAE es que tiene muchos endeudados, la cifra va a ascender a aproximadamente un millón de endeudados con créditos con aval del estado u otros créditos de educación. El Estado y los gobiernos de turno lo han potenciado como un beneficio social, pero un crédito como tal no es un beneficio: el Estado es tu aval, pero finalmente igual si tú no pagas la deuda te embargan la casa. De hecho, es muy similar a un crédito de consumo, hay gente que termina pagando 30 o 40 años. Entonces esa deuda, evidentemente, nosotros la entendemos como algo malo, pero sobretodo porque el CAE lo que ha permitido es que estas instituciones privadas tengan más estudiantes accediendo al crédito. Por lo tanto, los que pierden son los estudiantes egresados, el Estado pierde de las arcas fiscales y los que ganan son la banca privada y las instituciones privadas, que han crecido exponencialmente precisamente por la existencia del crédito. El crédito está hecho a la medida de las instituciones privadas.

Y a la medida de los bancos, pues también se subvenciona a los bancos que entregan este crédito

Claro, subvenciona a los bancos y compra las carteras, porque la mayoría de los estudiantes que accede al CAE son estudiantes que no tienen cómo pagarlo, que no pudieron acceder a una beca y hay una cantidad importante de estudiantes que no puede terminar la carrera, y que igual queda con la deuda. Además hay otra cantidad importante que, si bien sale al mundo laboral, no encuentra trabajo en lo que estudió y, por lo tanto, tampoco es capaz de pagar la deuda de manera íntegra. Y todo eso lo termina pagando el Estado igual. De hecho, si una proyecta las deudas con CAE, hubiese sido mucho más conveniente darle gratuidad a esa gente que estar pagándole al banco y estar pagándole a la institución. Lo único que te asegura es que la institución en ese momento va a recibir al estudiante pero ni siquiera le está entregando una educación de buena calidad, porque en lo que se basa la posibilidad de que una institución cuente con CAE es la acreditación y sabemos que la acreditación no es tan buena, entonces hay muchas instituciones que reciben CAE sin entregar una educación de calidad.

¿Y dentro de este nuevo proyecto existe algún cambio al sistema de acreditación?

Sí, se cambia el sistema de acreditación, ya no es de instituciones privadas, sino que lo ve una subsecretaría. La División de Educación Superior pasa a ser Subsecretaría de Educación Superior y dentro de ésta está la acreditación. Lo que pasa hoy día es que uno compra la acreditación, el dueño de una institución que tiene suficiente plata compra los acreditadores y se le acredita cierta cantidad de años. Y además se ven sometidas todas las instituciones a lo mismo, las estatales también tienen que comprar ese servicio, y es un negocio, tú le pagas a esa gente para que te acredite la institución, a veces tienen vínculos entre ellos, dueños de administradoras también son dueños de instituciones, es un círculo vicioso el de la acreditación.