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Formación Ciudadana: nuevas posibilidades de articulación entre la institucionalidad y la escuela

Por Eloísa Sierralta Landaeta. Área de Estudios del Programa de Educación Continua para el Magisterio, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.

 

En marzo del 2016 fue promulgada la Ley de Formación Ciudadana, la cual apunta hacia la formación de una ciudadanía activa, responsable, participativa y comprometida con su rol en la sociedad. Esta iniciativa entra en vigencia junto a otras dos leyes importantes: aquella que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y la llamada Ley de Inclusión, la cual “propenderá a que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión” (Ley, Nº 20.845, artículo 3K). Ambas iniciativas legislativas ponen en evidencia el interés de la política pública por instalar en el sistema escolar y al interior de las escuelas, un ánimo de equidad, participación e inclusión.

En esta bajada, la formulación de Planes de Formación Ciudadana (PFC) por parte de las escuelas debe ser capaz articular sentidos y procedimientos indispensables para la materialización de los principios que sustentan las disposiciones legislativas mencionadas. En este sentido, en tanto nuevo instrumento que se inserta en el quehacer escolar, el PFC debiese constituirse como un dispositivo que aporte a la construcción de horizontes comunes, en el tránsito hacia una ciudadanía con sentido de justicia y reconocimiento sociocultural. Este procedimiento, sin duda, requiere contar necesariamente con la participación de la comunidad escolar en su totalidad, para asegurar la legitimidad del mismo.

Cada vez es más claro que nos encontramos frente a un escenario que demanda transformaciones sociales. Las distintas movilizaciones y manifestaciones estudiantiles y ciudadanas surgidas en el último tiempo, dan cuenta de la necesidad de establecer una nueva forma de vinculación entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, entre nuestra institucionalidad democrática y la demanda por una mayor representación. Hablar de formación ciudadana, sin lugar a dudas, apela a la necesidad de conceptualizar de qué ciudadanía estamos hablando, lo cual nos remite a la idea de una estructura de derechos y responsabilidades de las personas en su relación con el Estado y la comunidad.

Esto último aparece como un tremendo desafío que se vincula a la instalación de la Formación Ciudadana en la escuela, pues implica avanzar en procesos más amplios de participación social y ciudadana, que a su vez permitan vincular de mejor manera los intereses, demandas y necesidades de los niños, niñas y jóvenes, para el desarrollo de una ciudadanía activa y responsable.

De esta manera, la Formación Ciudadana activa y democrática es una prioridad educativa, tanto desde el Marco Curricular vigente como desde la Ley General de Educación (LGE). El Estado “debe” garantizar una educación que promueva la formación y desarrollo de todos los estudiantes como personas libres y socialmente responsables, impulsando así, el ejercicio de la ciudadanía de cada hombre y mujer del Estado de Chile (MINEDUC, Decreto 220, 1998:6).

De igual modo, en la Ley General de Educación se estipula que la educación no sólo debe propender a la capacitación intelectual del estudiante en función de su integración en sociedad, sino que debe enfatizar el ámbito de la convivencia y la participación democrática, activa y responsable, en vistas del desarrollo del país. Así, en su artículo Nº 3, punto g), se postula un principio fundamental para la esfera de la Formación Ciudadana, a saber: la participación como el derecho de todos los miembros de la comunidad educativa a ser informados y a participar activamente. Luego, en el artículo Nº 15, establece la necesidad de resguardar la organización y participación estudiantil, en tanto derecho fundamental del estudiantado.

En esta línea, se vuelve trascendente la preocupación en torno a que los distintos actores educativos, en especial los estudiantes, puedan conocer y manejar los actuales elementos normativos y conceptuales que fundamentan la formación ciudadana, la participación y convivencia escolar, como una forma de aportar nuevas herramientas que les permitan fortalecer sus competencias ciudadanas, en función del mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y el compromiso con los procesos de aprendizaje desarrollados en cada establecimiento educativo.

En respuesta a los requerimientos del actual contexto, el Programa de Educación Continua para el Magisterio (PEC) llevó a cabo un interesante ejercicio que buscó acercar a las/os docentes participantes de sus diplomados a ciertas temáticas relacionadas con la educación ciudadana, la democratización del acceso a la información pública, el tratamiento de la memoria y el patrimonio en nuestro país, entre otros temas. Lo anterior en el marco del proyecto “Diseño e implementación de un módulo pedagógico para vincular el patrimonio documental del archivo nacional con la formación ciudadana en escolares”, encargado por la Subdirección de Archivos Nacionales, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM.

Entre los objetivos de dicho proyecto estuvieron: (1) Diseñar e implementar, de manera piloto, una propuesta pedagógica que releve el potencial del Archivo Nacional en tanto a recursos de aprendizaje para la formación ciudadana y democratización como del acceso a la información pública; (2) Elaborar un material didáctico que pueda ser utilizado tanto por el Archivo Nacional en sus acciones de extensión educativa, como por los establecimientos educacionales.

De este modo, el desarrollo del proyecto contempló la utilización de una metodología que incluyó un levantamiento de información cuantitativo y cualitativo. Se buscó recoger información relevante en torno a la percepción de los/as docentes participantes del diplomado “Educando para una nueva ciudadanía. Desafíos de la escuela de hoy”, con respecto al quehacer del Archivo Nacional u otra institución de la misma línea, así como conocer su opinión sobre la vinculación de la labor de la DIBAM con la formación ciudadana en la escuela.

Para tales efectos, en un primer momento, se aplicó una encuesta a 40 docentes del diplomado. Posteriormente, se llevó a cabo una jornada de taller en las dependencias del Archivo Histórico Nacional, con docentes participantes del diplomado. Esta última consideró la realización de cuatro focus group y un taller práctico, que intencionó el trabajo con temáticas relativas al rol de los archivos en nuestra sociedad actual, la significancia de estos espacios de memoria y la vinculación/articulación percibida respecto a la formación ciudadana en la escuela.

La jornada de taller “Docencia y Memoria” permitió acercar a las/os docentes al quehacer de dicha institución, poniendo en tensión conceptos claves que circundan la educación ciudadana, tales como la noción de patrimonio, historia, memoria, así como también la responsabilidad política y social de resguardar aquellas nociones que nos constituyen como país. En este sentido, a través del trabajo colectivo realizado entre las/os docentes, fue posible instalar en éstos una nueva forma de mirar el quehacer del Archivo y su relevancia a nivel de sociedad, por medio de una metodología sencilla, que consideró el trabajo con documentos públicos. Dicha metodología fue pensada y elaborada para ser fácilmente replicable en el aula.

La novedad de esta experiencia se sitúa en la importancia de articular un espacio de la institucionalidad, como es el Archivo Nacional, con el trabajo que realizan las/os docentes en el aula, a través de la utilización de estrategias didácticas que doten de sentido y favorezcan el proceso de instalación de los PFC en la escuela.

En relación a los hallazgos develados en la etapa de levantamiento de información, cabe mencionar que tanto la recogida como el análisis de información se estructuró bajo cinco dimensiones, las cuales permitieron abordar los tópicos de interés para el desarrollo del proyecto. De esta forma, las dimensiones trabajadas fueron: (1) Conocimiento y cercanía de los y las docentes con los archivos; (2) Valoración del Archivo como una institución pública; (3) Percepción de las y los docentes a la utilidad del material de archivo para su labor pedagógica; (4) Transferencia documental; (5) Expectativas docentes en torno a la labor de los archivos.

En términos generales, los hallazgos apuntan a que el conocimiento y acercamiento a los archivos está determinado en gran medida por la formación de las/os docentes. En este sentido, aquellos que conocen más de cerca la labor del Archivo Nacional son quienes pertenecen al campo de la historia. De sus relatos se deprende, en la mayoría de los casos, que su acercamiento a los archivos fue mayor durante su formación de pregrado y postgrado. Advierten, en general, que no han desarrollado mayor cercanía con el Archivo Nacional, debido a lo complejo y engorroso que se torna el acceso como usuarios o para llevar a sus estudiantes de visita, aludiendo a que las instalaciones no están lo suficientemente preparadas para recibir, por ejemplo, un curso completo de estudiantes.

Se evidenció que las/os docentes tienen la percepción de que existe mucho desconocimiento respecto a la labor que el Archivo cumple como institución pública, y también en relación al material y documentos que éste guarda. En este punto, las/os docentes coinciden en la necesidad de que el Archivo, en tanto institución pública, genere mayor difusión respecto de su labor y acerque a la ciudadanía a su quehacer.

En relación a la articulación que perciben entre el material de archivo y el trabajo pedagógico para la formación ciudadana en las escuelas, los/as docentes concuerdan en que es de gran potencialidad su vinculación, ya que el trabajo con estas fuentes les abre un abanico de posibilidades para trabajar la educación ciudadana desde ópticas distintas. Por ejemplo, desde los mismos sujetos históricos o los movimientos sociales, relevando la memoria y el patrimonio de un país. En este último punto, las/os docentes manifiestan que la generación de un material pedagógico pertinente por parte del Archivo para su trabajo en aula podría ser de gran utilidad, no sólo para el trabajo de temáticas de formación ciudadana, sino también con la finalidad de acercar y dar a conocer la labor archivística, tanto entre docentes como entre estudiantes. No obstante, este acercamiento entre el Archivo y la escuela, en palabras de las/os docentes, requiere también que el Archivo como institución mejore las condiciones y espacios para recibir a los estudiantes.

De este modo, el trabajo llevado a cabo con las/os docentes durante el taller práctico “Docencia y Memoria”, entregó a éstos una perspectiva experimental para el trabajo con material de archivo. Para efectos del taller, la institución fue presentada como “una caja de Pandora” y se invitó a las/os docentes a interpelar los documentos de archivo, en torno a cuestionamientos, tales como: ¿por qué se deben valorar ciertos documentos? ¿Qué los convierte en patrimonio de un pueblo? ¿Quién decide lo que se convierte en patrimonio? Toda esta discusión se estableció intencionando la idea de “dejar una huella”, abriendo la noción de archivo también a otras materialidades, como la cultura material, pero también lo inmaterial. En definitiva, el debate se centró en cómo se construye una “huella”, para qué se construye, quiénes son los que tienen voz en esta construcción y quiénes no.

Por otro lado, el taller invitó a las/os docentes a la reflexión acerca de la finalidad de la conservación y el resguardo del patrimonio, incentivando el debate desde el aprendizaje situado, basándose en la experiencia y la memoria propia, y promoviendo la replicabilidad de la experiencia formativa en sus aulas. Se plantearon preguntas movilizadoras, tales como: ¿Por qué cuidamos? ¿Qué cuidamos? ¿Qué prácticas identificamos como prácticas de cuidado? ¿Guardamos para trascender? ¿Para traspasar a las nuevas generaciones una herencia? ¿Qué queremos que permanezca para el futuro? ¿Qué objeto propio consideras necesario conservar y resguardar?

Es importante señalar que esta experiencia levantada desde el PEC, tensiona e interpela a la institucionalidad pública en su responsabilidad de aportar de manera significativa al campo educativo. En el caso del Archivo, no sólo desde las materialidades que resguarda, sino que -de manera más urgente y prioritaria- instalándose en el imaginario de la ciudadanía como un referente claro para sus memorias, como un ejercicio cotidiano, como un espacio de memorias que dialogan.

En este sentido, la vinculación del Archivo con la comunidad escolar es de vital importancia para la socialización de los sentidos sociales. Los elementos relacionados con la función de pertenencia y construcción de comunidad, así como de reconocimiento del otro y de sí mismo como parte de procesos de construcción de la memoria colectiva, configuran el quehacer de la institución. Asimismo, la noción de patrimonio a partir de los “tesoros”, “fuentes” y “documentos”, convierte al Archivo en una institución pública que en sí misma es un patrimonio vivo, cumpliendo un rol fundamental para la ciudadanía. De ahí que la importancia de instalar esta reflexión en el espacio educativo nos parece un punto a favor para trabajar la formación ciudadana.

Esta experiencia de cercanía entre la escuela y una institucionalidad pública, logra revitalizar y dinamizar la imagen del Archivo, más allá de un mero espacio de resguardo de documentación. Lo perfila como un espacio público y movilizador de sentidos para la educación ciudadana, capaz de acercar a los estudiantes a una construcción diferente de la historia, de la identidad y de la memoria colectiva de un país. Esta experiencia demostró la posibilidad de articular contenidos curriculares y la formación ciudadana con la institucionalidad del Archivo, comprendiendo a este último como un espacio público y ciudadano, un lugar de memorias y de prácticas sociales cotidianas, trasladables y resignificables en el espacio escuela.

Finalmente, en base a la experiencia relatada, es posible visibilizar ciertas tensiones que emergen desde la entrada en vigencia de la Ley de Formación Ciudadana y su instalación o bajada en las escuelas. Ello se debe a que el diseño e implementación de la ley responde a cánones de una noción de ciudadanía que en la actualidad posee un bajo grado de legitimidad y que se enmarca en un sistema de democracia representativa donde la participación ciudadana ha decrecido sostenidamente en las últimas décadas. Desde esta óptica, la implementación de los PFC debiesen mirar la infancia y la juventud, tomando distancia de los viejos paradigmas adulto-céntricos, para darle un espacio real a la participación de los niños, niñas y jóvenes. En este sentido, la experiencia llevada a cabo por el PEC en conjunto con el Archivo Nacional, entrega luces sobre la posibilidad de una nueva forma de “hacer” ciudadanía, donde las instituciones jueguen un papel más dinámico y cercano a los sujetos de la política pública. Un espacio donde la ciudadanía se construya desde las formas propias de hacer de los sujetos, desde los sentidos que éstos le imprimen, desde el rescate y la puesta en valor de su patrimonio cultural.