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Hacia una Nueva Profesión Docente

 

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Iván Páez 

Director del Programa de Educación Continua para el Magisterio (PEC), de la Universidad de Chile.

 

La construcción de una nueva profesión docente se pone al centro de la reforma educacional. La iniciativa propiciada por el ejecutivo evidencia que se ha iniciado la formulación e implementación de un nuevo cuerpo legal a fin de atender los requerimientos del magisterio.

Pero ¿qué condiciones o características debería conllevar dicho proceso?  Sin duda, lo más prioritario es concretizar el anhelado “cambio de paradigma”, señalado en el mismo Programa de Gobierno, en su área Educación. Hay que avanzar definitivamente a la construcción de una nueva lógica, sostenida desde la colaboración y no la competitividad, desde la dignificación y valoración de la profesión docente, en vez de estimular la competencia entre pares. Donde el vehículo movilizador sean las propias comunidades educativas acompañadas por un Estado responsable y protagónico, y no uno subsidiario y controlador.

por Iván Páez

 

En atención a lo anterior, habría que considerar un criterio de primer orden: la Participación Real. El Estado debe hacer un nuevo pacto con los docentes y construir conjuntamente con ellos una nueva profesión docente, más valorizada y fortalecida, que responda a la tarea estratégica de una  educación pública para la República.

 

“El Estado debe hacer un nuevo pacto con los docentes y construir conjuntamente con ellos una nueva profesión docente, más valorizada y fortalecida, que responda a la tarea estratégica de una educación pública para la República”.

 

Una Nueva Educación Pública requiere del concurso decidido de los docentes, directivos y asistentes de la educación de las escuelas y liceos de los establecimientos públicos. Son las personas, los profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, quienes tendrán en sus manos la edificación del nuevo sistema. Por tanto, el Estado debe dar señales claras respecto al fortalecimiento del rol de estos actores y de las respectivas mejoras de su calidad de vida y condiciones laborales, permitiendo generar un sentido de pertenencia con los cambios en marcha, desarrollando voluntades y capacidades para las transformaciones necesarias.

 

Perspectivas Integrales

Otra condición necesaria es que se construya desde un enfoque o perspectivas integrales, sistémicas, con políticas para la atracción de estudiantes con vocación y habilidades para la docencia; políticas para la selección y retención de estudiantes talentosos en pedagogía; políticas para mejorar sustantivamente la formación inicial, debiendo el Estado asegurar la calidad y pertinencia de las instituciones formadoras. Para fortalecer y mejorar la formación inicial docente es necesaria una política de aportes basales a universidades del Estado que imparten formación pedagógica, acompañada de una acreditación mucho más exigente para todas las instituciones que forman docentes; y por cierto establecer iniciativas tendientes a vincular la academia, investigación y escuela; que pueda traducirse en mejoras a las prácticas formativas. Otro aspecto necesario es legislar para que la pedagogía se imparta sólo en universidades. Es necesario consolidar Escuelas de Pedagogía de excelencia académica, que contengan un marco propicio para la formación profesional situada, especializada, pertinente, autónoma y crítica. Escuelas de Pedagogía con acreditación y mejoramiento continuo, con campos de práctica profesional en cada programa académico.

“Es necesario consolidar Escuelas de Pedagogía de excelencia académica, que contengan un marco propicio para la formación profesional situada, especializada, pertinente, autónoma y crítica. Escuelas de Pedagogía con acreditación y mejoramiento continuo, con campos de práctica profesional en cada programa académico”.

La construcción de una Nueva Educación Pública en Chile, gratuita, inclusiva y de calidad debe sostenerse sobre una relación estrecha del Estado con las universidades estatales. Son las instituciones universitarias del estado las que, por su propia naturaleza y vocación, tienen un rol clave que jugar en este proceso de recuperación de la educación pública chilena.

Que las certificaciones nacionales tengan carácter formativo, cuyo proceso y resultados sean un recurso para la mejora continua de las instituciones que forman docentes, donde se permita que los egresados estén preparados para ejercer la profesión, con la correspondiente responsabilización de las instituciones formadoras. También es necesario mejorar el proceso de selección al ingreso de las carreras de pedagogía.

Otra arista a considerar es el fomento para que las universidades formen un mayor número de profesores en áreas deficitarias tales como tales Matemáticas, Ciencias, Artes, Lenguaje y Educación Ciudadana, tanto para Educación Básica como Media. Otra medida prioritaria es proponer que las universidades acreditadas abran programas de formación de docentes para la educación media, técnico – profesional.

 

Formación Continua y Desarrollo Profesional

Además, un sistema que entregue formación continua y que acompañe el ejercicio de la profesión, caracterizada por su situación  pertinente, práctica, vinculada a contextos reales. Una formación continua y desarrollo profesional asociado al mejoramiento de remuneraciones, implementada por instituciones en alianza con el Estado, caracterizadas por su vocación pública, sin el incentivo del lucro que conlleva la gestión de ciertas asistencias técnicas educativas – ATE.  Una formación continua que posibilite un perfeccionamiento gratuito para docentes de la Educación Pública, mediante redes zonales y locales, lideradas por el CPEIP, donde se implementen entre otras medidas un programa de especialización por menciones disciplinarias, formación ciudadana, competencias pedagógicas, cultura escolar, niñez y juventud, y la alfabetización digital, posibilitando innovaciones pedagógicas. Además que incluya un programa de perfeccionamiento para asistentes de la educación y un plan de formación y acompañamiento para el liderazgo directivo y pedagógico.

 

“Una carrera docente que propicie la autonomía profesional, donde se pueda gestionar el curriculum de modo pertinente y situado a las necesidades de aprendizaje y formación”.

 

Una política docente que no se centre en el premio individual sino que en la constitución de comunidades educativas y de aprendizaje profesional, donde además de mejorar las condiciones de trabajo, se reduzcan tanto la cantidad de estudiantes por aula como las horas lectivas a estándares adecuados, con el fin de mejorar las condiciones para generar procesos de enseñanza pertinentes, llegando a un 50% de horas no lectivas. Donde la evaluación docente contenga un sello formativo, para la mejora continua, y que sea para todos los profesores de escuelas municipales, particulares subvencionados y particulares.

“Otro ámbito legal a considerar es la derogación de la Ley 20.501, que posibilita que los sostenedores despidan al 5% de docentes, en función de evaluaciones realizadas por los mismos sostenedores. Al contrario, hay que avanzar a un proceso de evaluación formativa, no punitiva. La evaluación debe estar al servicio de la mejora continua, no del control”.

Se requiere una carrera docente que apunte al rol de las comunidades, sin controles externos que abrumen y burocraticen, sino más bien, una carrera docente que propicie la autonomía profesional, donde se pueda gestionar el curriculum de modo pertinente y situado a las necesidades de aprendizaje y formación.

Fundamental también es un reajuste salarial, que ayude a mejorar significativamente las condiciones de vida laboral de los y las docentes. Por otra parte, en el orden legal es importante que se pueda derogar el artículo 46 letra G de la LGE, a fin de que la profesión docente sea cada vez más valorada, al no permitir que profesionales sin las adecuadas competencias pedagógicas realicen clases (¿se imaginan especialistas de otras áreas ejerciendo como abogados, arquitectos o médicos, por ejemplo?). Otro ámbito legal a considerar es la derogación de la Ley 20.501, que posibilita que los sostenedores despidan al 5% de docentes, en función de evaluaciones realizadas por los mismos sostenedores. Al contrario, hay que avanzar a un proceso de evaluación formativa, no punitiva. La evaluación debe estar al servicio de la mejora continua, no del control.

En definitiva, la Carrera Docente debe responder a las necesidades de mejoramiento de la calidad y de la  inclusión que la educación del país requiere. Esa mejora, solo será posible  sobre la base de Profesionalizar y Dignificar la labor docente, reconociendo que la voz y experiencia de los profesores debe considerase como una clave para el éxito de los cambios legislativos y, sobre todo, para que en el nuevo siglo que se inicia, la Educación Pública emerja como un espacio que forme a ciudadanos y ciudadanas constructores de un país inclusivo, participativo y justo.