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Entrevista: Marco Ávila, Coordinador Nacional del Nivel de Educación Media, División de Educación General del Ministerio de Educación.

 

1) La formación ciudadana ha sido planteada como un objetivo transversal para las distintas asignaturas, desde NT1 hasta 4º medio. ¿Cuáles son los facilitadores y obstaculizadores para su implementación?

Las dos principales dificultades de “transversalizar” una política educativa, como es el caso de la política de Formación Ciudadana, es que ésta se convierta rápidamente en una acción invisible, dado que su desarrollo está vinculado a otra actividad escolar, que se interpreta como de mayor preminencia. Esto es, quizás, lo que nos ha pasado con la convivencia escolar o el plan de sexualidad. La otra gran dificultad es que las políticas sean entendidas como un listado de actividades en el calendario escolar, muchas veces desconectadas del quehacer cotidiano de la escuela, fuera del espacio de la sala de clases, que es donde se materializa la interacción entre los sujetos.

Ante ambos riesgos, es fundamental reconocer de qué forma se incorpora la educación ciudadana en todos los espacios y momentos de la acción educativa. Si bien la formación ciudadana tiene un fuerte componente vinculado al civismo, es decir, a contenidos factuales relacionados con la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, también posee otros relacionados con las habilidades que se desarrollan en la convivencia, como el respeto por la opinión del otro, la empatía, la argumentación de las propias ideas y la participación democrática en la política. Estas habilidades no son privativas de una asignatura, sino que son parte de la formación integral. La adecuada integración de las áreas, entendemos, se desarrolla cada vez que las y los docentes tomamos conciencia sobre el tipo de pedagogía que desarrollamos.

Dado lo anterior, para el Ministerio de Educación el actual currículo es una oportunidad valiosa para el desarrollo de la formación ciudadana, pues su tridimensionalidad (contenidos, habilidades y actitudes) abarca todos los aspectos que pueden dar cuenta de una formación integral, tantas veces declarada en los proyectos educativos, pero finalmente relegada a un segundo plano.

A comienzos de este año diseñamos y distribuimos en el sistema escolar un documento llamado Orientaciones Curriculares, en el cual mostramos experiencias de aprendizaje en todos los niveles y asignaturas. Estos diseños de clases fomentan el ejercicio de la ciudadanía crítica o promueven el compromiso con los derechos humanos, a partir, por ejemplo, de la enseñanza de los gráficos en Matemática o el aprendizaje del efecto de la actividad humana en ríos, lagos y océanos, en Ciencias Naturales.

2) ¿Por qué se ha decidido incluir la asignatura de formación ciudadana en 3º y 4º medio y no en los otros niveles educativos?

Antes que todo, habría que distinguir tres formas en que la política educativa se hace cargo del desarrollo de la ciudadanía. En primer lugar, está el Plan de Formación Ciudadana (PFC), el que pretende ser más bien un enfoque, que sin duda alguna contempla ciertos conocimientos específicos declarados en la misma Ley 20.911, pero que se vivencia en toda la vida escolar y que se incorpora en todos los niveles educativos declarados en la Ley General de Educación. En segundo lugar, se encuentra el eje de formación ciudadana de la asignatura de HGyCS, que se imparte desde 1° básico. Cabe señalar en este punto que en el caso de la Educación Parvularia existen dos ámbitos relacionados con la formación ciudadana: “Formación personal y social” y “Relación con el medio natural y cultural”. Por último, está la futura asignatura de Educación Ciudadana, la que será parte de las Bases Curriculares para 3° y 4° año de Educación Media, que se implementarán los años 2019 y 2020.

Por tanto, si bien esta asignatura se incorpora sólo en los dos últimos años de enseñanza escolar, comprendemos que existen oportunidades para que la educación ciudadana sea parte de toda trayectoria educativa de las y los estudiantes, consolidándose con la asignatura de Educación Ciudadana.

3) En el marco de la formación inicial docente, ¿cómo se podrían incluir las competencias necesarias para que los/as docentes logren implementar con éxito los PFC en sus establecimientos?

Dado que los estándares para la formación docente son una herramienta de carácter orientador, es fundamental que los nuevos Estándares para la Formación Inicial Docente(*) incorporen experiencias de docencia con un enfoque ciudadano. Para el Ministerio de Educación, la formación ciudadana no sólo se transmite desde la disciplina, como una asignatura específica, sino que además es en sí misma un enfoque pedagógico, una forma de relacionarse con todos los actores escolares. Una manera de interactuar considerando el respeto por las opiniones, la empatía con los otros, la promoción de los derechos humanos, la comprensión de la multiculturalidad y la diversidad. Ahora bien, es comprensible que esto sea una tarea compleja, especialmente cuando los modelos de pedagogía tradicional son cuestionados y la experiencia escolar a veces es considerada poco significativa por el estudiantado. Queremos ver en esta política una oportunidad de cuestionarnos las formas en que hacemos la mediación pedagógica.

De acuerdo a lo anterior, los estándares deben ser una justa combinación de elementos disciplinares y pedagógicos, incorporando en el desarrollo curricular experiencias de involucramiento en los elementos colectivos. La escuela no puede estar alejada de lo que sucede en el mundo, en la ciudad, en el barrio.

4) En línea con la pregunta anterior, ¿cómo se podrían incluir estas competencias para la formación ciudadana en el desarrollo profesional docente garantizado por la Ley 20.903?

La aprobación de la Ley 20.903 es una tremenda oportunidad para el sistema escolar, pues permitirá que cada acción formativa esté vinculada con las necesidades y requerimientos de las y los docentes en clave territorial. Por ejemplo, a través de los comités locales, las regiones podrán establecer qué necesidad formativa es prioritaria. Estos comités están integrados por representantes regionales o provinciales del Ministerio de Educación, sostenedores de establecimientos municipales y consejeros regionales, preferentemente integrantes de la Comisión de Educación de los Consejos Regionales (CORE).

En el caso específico de la política de Formación Ciudadana, ya nos encontramos coordinando la certificación de los apoyos que brindan algunas universidades en las 15 regiones del país, con el objetivo que esta acción sea una contribución al mejoramiento de las competencias disciplinares y pedagógicas en este ámbito. Esta certificación permite asegurar la calidad y la pertinencia de las actividades implementadas, siendo una verdadera contribución al desarrollo profesional docente. El CPEIP ha realizado un intenso trabajo en el último año para establecer las pautas que verifiquen el cumplimiento de estos principios.

Del mismo modo, las regiones pueden levantar requerimientos considerando sus necesidades específicas, las que serán sistematizadas como una acción formativa, que posteriormente será evaluada por el CPEIP para su certificación. La pertinencia de la acción formativa y su contribución al quehacer docente es fundamental para que logre el impacto deseado.

Sin lugar a dudas, este es un desafío a largo plazo, dado que la educación para la ciudadanía debe ser comprendida como un enfoque pedagógico que habilite a los estudiantes para la participación, la convivencia democrática y el respeto por los derechos humanos, y estas habilidades no han estado en la primera línea de la formación. ¿Cómo las vinculamos con los saberes disciplinares? ¿De qué forma, por ejemplo, un postítulo en Matemática o un diplomado en Ciencias Naturales contribuye a la formación integral? Estas son las preguntas que deberíamos responder a través de las acciones formativas que ofrecemos al profesorado.

5) En su opinión, ¿en qué medida los PFC dependen de los respectivos proyectos educativos de los establecimientos? ¿Cómo se puede asegurar que todas/os las/os estudiantes del país desarrollen aprendizajes comunes o similares, independientemente de los distintos contextos educativos?

El PFC ha sido definido como una línea estratégica fundamental, que en sintonía con la reforma, pretende rescatar el valor comunitario de los establecimientos educacionales. Comprendemos que jardines infantiles, escuelas y liceos son espacios de encuentro con los otros, en que aprendemos a convivir, a participar y a entender el valor de la democracia. Estas concepciones no son nuevas, pues desde los años 90 que el Ministerio de Educación ha insistido en que el PEI (más tarde con la aparición de la Ley SEP, también el PME) es un instrumento que promueve la participación de los actores escolares, que estimula el diálogo, que es, en definitiva, una instancia para vivenciar la democracia en la escuela. Sin duda esto es un desafío, pues sabemos que en la institución escolar aún pervive un modelo jerarquizado de relaciones y que no nacemos democráticos, sino que aprendemos a serlo.

El PFC, por tanto, no puede estar alejado de las definiciones centrales del PEI, como tampoco lo están otros planes que son exigidos por normativa. Ahora bien, el ejercicio que invitamos a realizar es mirar más allá del instrumento, observando los sentidos que este plan tiene y determinar cómo en la definición de los sellos educativos se incorporan acciones que promuevan la educación ciudadana como una competencia fundamental.

Ahora bien, ¿cómo garantizar una formación ciudadana como una experiencia común para todas y todos las/os estudiantes de Chile? Pensamos que es través de las definiciones del PEI, el cual debe convertirse en un instrumento participativo. También a través del currículo nacional, que recoge en los Objetivos de Aprendizaje Transversal (OAT) los elementos de una educación ciudadana. Y, finalmente, a través de las instancias de participación del “gobierno escolar”, por ejemplo, el Consejo Escolar y la organización de estudiantes y apoderados.

6) ¿De qué manera los PFC se pueden complementar con los otros planes que por normativa deben ser incluidos en los PME desde este año? (Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, Plan de Apoyo a la Inclusión, Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, Plan Integral de Seguridad Escolar, Plan de Desarrollo Profesional Docente)

Las orientaciones para la elaboración del PME 2017 han recogido un antiguo anhelo de los establecimientos, que es disminuir el número de instrumentos de planificación, mas no el sentido y enfoque de las políticas o normativas que los inspiran. Es decir, que la escuela pueda centralizar en una sola herramienta las acciones que ha determinado centrales para su proceso de mejoramiento.

La cercanía entre los distintos planes permitirá que una misma acción pueda tributar a más de un plan. Por ejemplo, si una escuela define que las planificaciones de clases (esto en la dimensión de gestión pedagógica del PME) incorporan la metodología de proyecto o el trabajo en grupo, está permitiendo que las y los estudiantes desarrollen un tipo de convivencia específica, así como la educación en ciudadanía. El o la docente deberá cautelar, en su diseño de clases, el respeto por la opinión del otro, la empatía entre los integrantes de un grupo o el desarrollo de la argumentación de los acuerdos alcanzados. Este ejemplo es posible de aplicar en cualquier nivel, asignatura o modalidad educativa.

Finalmente, el desafío que deberán enfrentar los equipos directivos será hacer estas vinculaciones de forma previa a la elaboración del PME, comprendiendo el sentido de cada plan en su particularidad y su articulación en un sólo instrumento estratégico, privilegiando la calidad por la sobre la cantidad de acciones, así como el sentido de la políticas más que el instrumento que las recoge.

 

 


(*) Los nuevos Estándares para la Formación Inicial Docente están actualmente en construcción y apoyarán los procesos de acreditación de las carreras de pedagogía. Serán presentados para su aprobación ante el Consejo Nacional de Educación antes de abril de 2018.