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Socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres[1]

Por: Mario Bugueño, filósofo, experto en convivencia escolar, Programa de Educación Continua para el Magisterio, Universidad de Chile.

La equidad es un atributo buscado por nuestra democracia con denodado empeño y como tal se ha instalado en la discusión política e institucional. En el mundo de la educación y en especial en el marco de la reforma, esta expresión ha adquirido un protagonismo que atraviesa el conjunto de iniciativas y propuestas, tanto en la gestión escolar como en lo propiamente curricular.

Junto a la equidad, otro de los conceptos que se ha vuelto protagónico en el mundo de la educación es el de comunidad educativa. Desde esta institución se construyen varias líneas y ejes de acción que evidencian los nuevos tiempos en el ámbito de la educación. A la comunidad educativa se asocia la producción de conocimiento y la distribución de tareas y responsabilidades bajo la nueva noción de liderazgo directivo. También, en el concepto de comunidad educativa, se funda parte importante de las propuestas orientadas a fortalecer las relaciones en la escuela, es decir, la convivencia y el clima escolar.

La comunidad educativa nos convoca a situar los roles y a reconocer las funciones de los miembros de la comunidad, a la vez que a definir los espacios de deliberación, propuesta y resolución en torno a los temas que son de interés en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La escuela cuenta con distintas instancias en donde la comunidad educativa puede desarrollar y desplegar su rol formativo, incorporando a todos sus integrantes en una dinámica de reflexión e intercambio.

La igualdad, por su parte, es aquel valor al que concurrimos desde nuestra particularidad. Entendemos que lo que nos hace iguales, por ejemplo, ante la justicia, no es que la justicia sea “pareja o ciega”, sino que desde nuestra diversidad tengamos acceso a ella, sin ningún tipo de discriminación o filtro. Es en el acceso a la justicia en donde se valida la igualdad y no en el tipo de justicia que se imparte.

A diferencia de la igualdad, la equidad no la definiremos desde el acceso sino desde la distribución o el reparto. Así, la equidad es la adecuada distribución o reparto de lo que corresponda, atendiendo al mérito, la capacidad, la necesidad y, también, la identidad.

De esta forma vinculamos a la comunidad educativa con los conceptos de igualdad y equidad, y es en atención a esta relación que la comunidad debe permitir el reconocimiento (y así la integración) de sus miembros por parte de los mismos miembros que la conforman. El reconocimiento del otro como otro, como se suele decir, concurre como un logos que define el vínculo y determina el tipo de relación que se da en la comunidad. Este principio del ethos posmoderno es una aspiración o un anhelo que ha sido definido en la comunidad europea desde “la panteoría de los Derechos Humanos”.[2]

En nuestras comunidades, enclavadas en la desigualdad y en la inequidad o, si se quiere, en un proceso lento tendiente a superar la desigualdad y la inequidad, las diferencias son explícitas y en los círculos de las personas que conforman las comunidades escolares tenemos “tipos” de miembros que no reconocen la desigualdad y la inequidad ni tienen un trato igualitario o equitativo.

LOS MATERIALES PRIMARIOS

Para avanzar en este argumento es importante ir a los orígenes de estos conceptos fundamentales, que tienen un alto rango en nuestra cultura occidental. “La vida humana, a la cual todos han sido invitados en la promesa de la igualdad de dignidad y derechos, debe abrirse paso desde su cuna, venciendo los obstáculos que el orden social le presenta”, nos dice Andrés Domínguez (1988, p. 194-5). Y agrega:

Desde aquellas agresiones primarias a la sobrevivencia biológica, hasta los complejos sistemas de discriminación en el disfrute de los bienes comunes de la educación, la ciencia y las artes, la vida debe triunfar sobre formas de existencia social productoras de hambre, pobreza, enfermedad, ignorancia, inseguridad, cesantía y marginalidad que le arrebatan gran parte de su potencialidad creadora. (p.195)

Desde el punto de vista de la igualdad, podemos decir que para que exista la posibilidad de constituir comunidades en donde se pueda registrar el reconocimiento del otro como otro, cada uno de los miembros de esa comunidad debe sentirse en condiciones de afirmar que es un ser humano que vive con dignidad, es decir, que sus condiciones de vida cumplen con los estándares mínimos para que la vida le acontezca en forma adecuada. Esto es, que no está sometido al hambre ni a la miseria, y que tiene acceso a salud, trabajo y vivienda dignos.

Desde el punto de vista de la equidad, nuestras comunidades educativas debieran incorporar a sus miembros de forma que cada uno de ellos pueda participar siendo reconocido en su dignidad. Para que esto ocurra no basta con la simple invitación en la cual se reconoce a los miembros como parte de la comunidad. Esta invitación debe entregar los materiales que le permitan al invitado participar en igualdad de condiciones ante los demás miembros y con un trato equitativo.

En este sentido, cabe preguntarse en qué condiciones son invitados a participar los distintos estamentos en las instancias formales e informales que existen en las unidades educativas y si las personas que los componen son reconocidas en su dignidad. Más aun, corresponde preguntarse si las condiciones en las que concurren a participar en las distintas instancias que se ofrecen a la comunidad educativa permiten que cada uno de los estamentos desarrolle un aporte que no esté condicionado por elementos o variables no deseadas. Estas preguntas adquieren, por lo pronto, mayor significado cuando hablamos del estamento Asistentes de la Educación.

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA INCLUSIÓN DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

“Estoy convencida”, señaló una de las asistentes de la educación que participó en las JAP 2018, “de que los asistentes de la educación son invalidados constantemente en su rol, el cual es activo e importante para el proceso socioeducativo de los estudiantes”.

Es difícil que se pueda producir una incorporación de los asistentes de la educación a las diversas instancias a las que puedan ser convocados (consejos escolares, actualización de Manuales de Convivencia, por mencionar algunas), si no se reconoce, de manera efectiva, su aporte. Más aún, dado que no poseen las condiciones mínimas para poder desempañar el rol para el que se los contrata, y la inequidad en sus remuneraciones y condiciones de trabajo son tan evidentes, cuesta pensar que ellos mismos se encuentren disponibles para participar, a pesar de que porfiadamente insisten en la posibilidad de hacer un aporte efectivo en sus establecimientos. En este sentido, señala otro de los asistentes de la educación que participó en las JAP 2018: “Visualicé algunas falencias en mi lugar de trabajo, tengo ganas de poder fomentar y ser un aporte como asistente de la educación”.

Las condiciones laborales de los asistentes de la educación, tanto para los que se desempeñan en el sistema municipalizado como para aquellos que lo hacen en los establecimientos particulares subvencionados, son particularmente hostiles. Por una parte, lo que se establece en sus contratos, en la práctica cotidiana, no se respeta. Es común que los asistentes de la educación terminen desarrollando labores que no están indicadas en sus funciones o que se les solicite extender su jornada de trabajo. En cuanto a vacaciones, tienen un trato diferenciado en relación a otros miembros de la comunidad educativa. Por otra parte, las remuneraciones de los asistentes de la educación se encuentran muy por debajo de los ingresos definidos para los otros miembros remunerados de las comunidades educativas. La mayoría de los ingresos de los asistentes de la educación están en el límite del sueldo mínimo si es que no corresponden, muchas veces, al sueldo mínimo. Los profesionales que son parte de este estamento también tienen remuneración que no se condicen con sus responsabilidades ni su preparación. Estas situaciones son especialmente patentes en los establecimientos particulares subvencionados.

A las condiciones laborales se debe sumar el gran problema que tienen las comunidades educativas respecto a los asistentes de la educación: el reconocimiento de su condición de miembros con opinión y generadores de propuestas para los temas relacionados con la gestión de los establecimientos.

Las condiciones de funcionamiento de los Consejos Escolares son difíciles, tanto desde el punto de vista de su convocatoria y regularidad, como del tipo de discusión, deliberación o propuestas que allí se dan, las que no necesariamente tienen la rigurosidad que debieran tener. Estas condiciones, que para nada potencian o propician la instalación de las comunidades educativas, tornan aún más difícil que en ellas se verifique la integración efectiva de los miembros que las constituyen.

Es en este escenario que nos encontramos con el proyecto de ley que establece un estatuto laboral para los asistentes de la educación pública. Este proyecto define las categorías en las que se clasificará a los asistentes de la educación. Las categorías sugeridas ratifican los tipos de asistentes de la educación que podemos encontrar en las escuelas y liceos. Es así como se reconoce, en primer lugar, a los profesionales, luego a los técnicos, a continuación a los administrativos y, finalmente, a los auxiliares. Para cada una de estas categorías se define un perfil que supone el complimiento de requisitos académicos y de funciones. La propuesta de ley es exhaustiva en precisar los tópicos relacionados con las condiciones laborales y el régimen contractual al que se deberán someter los asistentes de la educación, en el marco del proceso de implementación de la Nueva Educación Pública. Para esto, pone su atención en los asistentes de la educación que pertenecen a los establecimientos municipales, sean estos con régimen de gestión directa o corporativa.

En el segundo párrafo del Título III se nos dice lo siguiente:

Se dispone que los asistentes de la educación tendrán derecho a que se respeten las funciones para las que fueren contratados, limitando prácticas abusivas y reconociendo a cada asistente de la educación un rol particular en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en la prestación del servicio educacional.

En los párrafos siguientes (tercero y cuarto) se incorporan al texto del proyecto de ley, dos temas especialmente sensibles para el mundo de los asistentes de la educación:

Se regula la jornada laboral de los asistentes de la educación pública, en 44 horas semanales para todos ellos, con media hora destinada a colación para aquellos con una jornada superior a 43 horas. Esto viene a poner fin a las distintas interpretaciones administrativas sobre la materia. Asimismo, de modo innovador en las normas laborales chilenas, se reconoce media hora de colación para aquellos trabajadores en que la jornada diaria fuere igual o superior a 9 horas, aun cuando la jornada semanal sea inferior a 43 horas.

Dando respuesta a una demanda histórica de los asistentes de la educación, se establece que como regla general gozarán, al igual que los docentes, de feriado por el período de interrupción de las actividades escolares entre los meses de enero y febrero o el que medie entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente, pudiendo ser convocados hasta por tres semanas consecutivas a cumplir actividades de capacitación.

En resumen, este proyecto de ley apunta a garantizar las condiciones laborales mínimas de dignidad para los asistentes de la educación. En este sentido, uno de los grandes desafíos que tendrá esta propuesta es crear los mecanismos que garanticen el cumplimiento de este mandato, tanto en los establecimientos que estarán bajo la administración de los Servicios Locales de Educación, como en aquellos que se mantengan en el actual régimen hasta que les corresponda migrar al nuevo sistema. Lo mismo deberá aplicar a los establecimientos particulares subvencionados, en donde se producen vulneraciones recurrentes a los asistentes de la educación.

La situación de los asistentes de la educación presenta desigualdades e inequidades respecto de otros estamentos de la comunidad escolar. No cuentan con un reconocimiento del aporte que hacen al proceso educativo, no se los integra de manera que puedan aportar en iniciativas y propuestas, no cuentan con programas de capacitación que los potencien en su responsabilidad formadora y sus remuneraciones no están a la altura de sus responsabilidades y las exigencias que se les hacen.

Es en este marco que se debe comprender el lema que titula esta reflexión. Los asistentes de la educación están iniciando un camino en el que lo primero que deben obtener es un reconocimiento, por parte de la comunidad escolar, de otro como otro y no como un espejismo que deambula por la escuela. Lo segundo, un programa que les permita una formación continua que reconozca la categorización de cada uno y que, al mismo tiempo, los proyecte como trabajadores de la educación y potencie su desarrollo personal. Lo tercero, condiciones laborales y remuneraciones que estén en coherencia con la dignidad del rol que deben desarrollar en las escuelas y liceos. Y, por último, condiciones que hagan posible que puedan ocupar con libertad, sin temor y con autonomía, los espacios e instancias en donde su voz no solo sea escuchada, sino que sea reconocida como un componente fundamental de la vida de la escuela.

Referencias

Domínguez V. Andrés. (1988). El Poder y los Derechos Humanos. Santiago de Chile: CEPLA, Terranova Ediciones.

Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S. E. la Presidenta de la República, que establece un estatuto laboral para los asistentes de la educación pública. Mensaje N° 143-365. Boletín N° 11.431-04. Junio de 2017.

[1] Frase de Rosa Luxemburgo adoptada como lema por uno de los grupos de trabajo de los Asistentes de la Educación, perteneciente a Escuelas Particulares Subvencionadas que participaron en las Jornadas de Actualización para Profesores (JAP), en enero de 2018.

[2] Es importante tener en cuenta que este reconocimiento del otro como otro tiene su raíz última en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y, en buena medida, se construye desde el trauma que provocó el exterminio.