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Los Expertos en Educación para la Formulación de Políticas Públicas

por Daniel Barrales Henríquez

 

¡¡¡La educación es un derecho, para el gobierno un privilegio!!! Una dicotómica frase, para algunos es solo una consigna, para otros es un grito desesperado. Lo claro es que, en el escenario político actual de nuestro país, resulta inevitable recordar postales que tienen casi una década de antigüedad, cuando en “revolución pingüina” los estudiantes chilenos coparon por completo la atención mediática, y situaron en la agenda pública, la temática de la educación.

No obstante, a pesar de los esfuerzos de los últimos tres gobiernos, nos encontramos con avances deprimentes en el plano educativo. Es evidente que se ha hecho esquiva la fórmula para mejorar la política pública. En medio de la búsqueda se ha aplicado una metodología de estudio prácticamente clínico para observar la enfermedad que mantiene en vilo al sistema educativo. Lo que a la luz de los hechos es una problemática con respuesta inconclusa.

 

Los Expertos

En la actualidad existe una marcada tendencia a basar las políticas públicas en las discusiones de “comisiones de expertos”, que dictaminan las problemáticas y las posibles soluciones que deben ser adoptadas en alguna u otra materia. Proceder que en el plano educativo no ha dado los resultados esperados. Lo anterior nos obliga a realizar una serie de cuestionamientos al modo en el que se están elaborando las políticas públicas en Chile.

¿Qué o quién es considerado “experto” a la hora de hablar de educación?

La dinámica ingenieril de los últimos años ha sido una constante. Desde el año 2000 a la fecha, son 12 los notables que han ocupado la cartera ministerial de educación. De ellos, cinco son ingenieros, tres asistentes sociales, dos profesores, un abogado y un médico. Solo 3 de ellos tienen estudios de posgrado en líneas educativas, en específico dos asistentes sociales y una profesora. En cuanto a la predominancia de los ingenieros, cuatro de ellos son ingenieros comerciales y uno ingeniero civil, y a si mismo cuatro de ellos tienen estudios de posgrado en economía.

La lógica indicaría que para nombrar a un profesional como ministro de una cartera, debe o debería ser la persona más idónea para desempeñar el cargo o contar con las habilidades y conocimientos necesarios para un buen desempeño. Sin embargo, en la práctica, los criterios para el nombramiento de los ministros de Estado son diversos, y responden más a su destreza política y comunicacional, que a su conocimiento de causa. Otra práctica habitual es la designación de los ministros por la militancia afín con el gobierno en curso o la cobertura de escaños ministeriales de las cuotas prefijadas por los partidos, a la hora de apoyar una coalición política para un futuro gobierno. Dado lo anterior dejaremos solo como antecedente la idea de la lógica ingenieril.

Otros quienes podrían ser señalados como expertos en términos educativos son los docentes universitarios. Aquellos que durante su trayectoria han cimentado una labor investigativa que los dota de una voz autorizada a la hora de hablar de educación. Muchos de ellos son llamados por los gobiernos a ser consejeros o asesores en temas educacionales. Una muestra clara de lo anterior son las comisiones de expertos llamados por los gobiernos de Michelle Bachelet (en su primer gobierno) y Sebastián Piñera, en las que destacan una importante cantidad de docentes universitarios expertos en educación, ex ministros de educación y rectores de universidades entre otros. Y sin querer menoscabar su capacidad y trayectoria, es de dudar que alguno de ellos conozca in situ, aquella valiosa información que solo es posible reconocer a través de la observación empírica y presente, eso que algunos llaman la “realidad de aula”. Y a pesar de que es el Profesor quien tiene mayor acceso y experticia en este sentido, no es considerado como un “experto más” en el plano de la construcción de políticas públicas.

 

 

Investigación Docente

En el centro del proceso educativo se encuentra el estudiante. La vinculación profesor-alumno es primordial, el trato directo con el estudiantado permite recopilar valiosa información respecto a los cambios conductuales en términos generacionales, los posibles mejoramientos curriculares y la retroalimentación de los aprendizajes, no solo de los alumnos, sino también el que realiza el profesorado ante su quehacer docente. Esta oportunidad le permite el mejoramiento de sus metodologías y dinámicas de enseñanza, lo que termina repercutiendo de manera significativa en la calidad del ejercicio pedagógico. Y es ese el concepto que ha adquirido una relevancia capital: La Calidad.

Antes de los años 90, en las facultades de educación de las universidades chilenas se expedía el título profesional de Profesor o Profesor de Estado de alguna materia específica. Dejando la Licenciatura en Educación como un estudio separado, destinado a aquellos que desearan realizar investigación educacional. No obstante, en la actualidad la mayoría de los estudiantes de pedagogía de nuestro país tras cumplir con su formación universitaria optan al Título Profesional de Profesor o Educador y al grado de Licenciado en Educación, quedando facultados para realizar investigación. El Profesor es aquel observador privilegiado de los procesos educativos y sus cambios, ya no solo un investigador de oficio, sino también de título y grado. El Profesor es un binomio, donde además de transmitir conocimiento, debe generarlo, a través de la reflexión e investigación de aula. Es decir, su título de profesor lo habilita para el desempeño de la docencia y su licenciatura lo faculta para la realización de labores investigativas.

No hay duda de que la investigación docente es primordial para mejorar su labor en términos teóricos y prácticos. Existe también una abundante producción científica que avala esta afirmación. No obstante, nos encontramos con tres obstáculos para la realización de esta práctica.

En primer lugar, los docentes chilenos cuentan con una exorbitante carga laboral, que les impide realizar esta labor investigativa, que implica la recopilación de datos, su posterior análisis y sistematización. Lo ideal sería que en aquellas horas no lectivas prometidas en el proyecto de carrera docente, una porción de ellas fuera destinada a la investigación en aula, y por qué no, que estuviera contemplada dentro de la evaluación docente. En este punto algunas municipalidades, como la de Recoleta, han aumentado de manera significativa las horas no lectivas, obteniendo excelentes resultados, con alzas sostenidas en pruebas estandarizadas de aplicación nacional.

En segundo lugar, de realizarse esta labor investigativa, no existen plataformas para poder recopilarlas, seleccionarlas y transformarlas en insumos para la elaboración de políticas públicas, una labor que, a juicio de quién escribe, es tarea pendiente del Estado, pues la investigación de aula permite evidenciar problemáticas que, a simple vista, pasan por alto los ojos de los “expertos”, y que afectan directamente en el bullado tópico de la calidad. La experiencia internacional muestra que en los países líderes en educación como Finlandia, los profesores realizan habitualmente investigación, lo que termina contribuyendo de forma beneficiosa al proceso educativo e inciden en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

En último lugar,y siendo quizás la temática más difícil, se encuentra la idea preconcebida que tiene la burocracia educativa de los profesores, donde estos últimos son vistos sólo como simples piezas de un sistema reproductivo, más que educativo. El menosprecio a la labor del docente es una realidad a nivel país. Su potencial se ha visto reducido a la reproducción de los planes y líneas educativas prefijadas por la autoridad central. De realizarse el trabajo investigativo de aula, sería muy difícil que se considere como un insumo digno de confianza, por la misma subvaloración intelectual de la cual son objeto. Idea que hipotéticamente impediría la llegada de este valioso conocimiento a los escritorios de aquella tecnocracia, esa que ha invadido prácticamente toda la cúpula del sistema educativo, aquellos que son llamados por la opinión pública como los “expertos”.

 

Reflexiones Finales

Es imperante repensar la labor del docente, más allá de la idea de un “pasador de materia”, para mejorar realmente un tópico que a esta altura del debate parece redundante: La Calidad. La investigación en aula realizada por el profesorado podría dar diagnósticos mucho más certeros, que los realizados hasta ahora. Es tiempo de comenzar a revalorizar al docente como un diagnosta de problemáticas educativas de carácter estructural. No es necesario un “experto” para saber que con un abultado número de alumnos por sala, es muy difícil conseguir aprendizajes de calidad.

Es necesario comenzar a visualizar al profesor como un agente de cambio del sistema educativo. A juicio del Director de Educación de la OCDE Andreas Schleicher, la experiencia de los países con sistemas educativos de alto rendimiento muestra que los profesores no solo tienen un rol real en la implementación de las reformas, sino que también contribuyen en su diseño. Urge comenzar a asociar al profesor con la figura de un diseñador de políticas públicas, como la gestora de la reforma educacional mexicana y profesora Gabriela Mistral, o la imagen de un planificador, como el Profesor de Castellano y ex presidente de la república Pedro Aguirre Cerda.

La tecnocracia academicista-ingenieril debe considerar con urgencia la opinión de los docentes, más allá de una mesas de trabajo. Debe hacerse a través de una práctica institucionalizada, donde la opinión se convierta en investigación docente, en un conocimiento científico que sea insumo gravitante a la hora de diseñar políticas públicas en materia educativa. Es un deber institucional volver racional, el diseño de reformas estructurales, tales como la reforma educativa.

 

 

Daniel Barrales Henríquez es Miembro de Estudios Nueva Economía. Profesor de Historia y Geografía, Licenciado en Educación y Licenciado en Historia.