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El Gobierno de Piñera y la Profesión Docente

 

Cada vez que se consulta al gobierno de Sebastián Piñera por la nula respuesta a las demandas del movimiento por la educación, responde casi como muletilla que existen proyectos en el parlamento que responderían a dichas demandas. Uno de los que se cita recurrentemente es el de Carrera Profesional Docente. Sin embargo, éste dista mucho de ser una respuesta real a las demandas del profesorado por mejores condiciones para el trabajo docente.

por Mario Aguilar Arévalo

 

Pongamos un poco de contexto al asunto. Durante la gestión Piñera se profundizó una concepción mercantilizada del quehacer docente, la que dicho sea de paso, ya se había desarrollado fuertemente en los gobiernos anteriores. Son concepciones que comenzaron hacia fines de los 80 emanados desde los grandes entes financieros internacionales (Banco Mundial, FMI, BID), que se extendieron ampliamente en los 90 y que en las últimas décadas alcanzaron su peak; se trata de la idea del docente como un “productor de rendimientos escolares” y que desde esa visión debe ser evaluado y a la vez “controlado” en el buen cumplimiento de tal objetivo. Coherente con esa concepción, se han elevado a la condición de finalidad central y sinónimo de calidad educativa, los resultados en las pruebas estandarizadas.

 

LA MERCANTILIZACIÓN DEL TRABAJO EN EL AULA

 

“…el proyecto de carrera docente que hoy se tramita en el Congreso establece una malsana competencia entre docentes para poder conseguir ciertos bonos que incrementen su salario”.

 

A partir de ese eje, se ha ido mercantilizando progresivamente el sistema escolar chileno. Primeramente se hizo competir al sistema público con el particular para la captación de alumnos (clientes) a través del sistema de financiamiento por subvención; posteriormente se hizo competir a los colegios entre sí, a través de los rankings de rendimiento y las amenazas de cierre; esto se consolidó fuertemente durante los gobiernos concertacionistas, gobiernos que fueron muy obedientes en aplicar las políticas que se promovían desde los centros financieros internacionales.

Lo que se ha querido agregar durante este gobierno ha sido la mercantilización del último eslabón que queda: el trabajo en aula; en efecto, el proyecto de carrera docente que hoy se tramita en el Congreso establece una malsana competencia entre docentes para poder conseguir ciertos bonos que incrementen su salario; ya no solo se pretende que compitan los colegios entre sí para captar clientes, se pretende que el docente compita con su colega de la sala del lado para ganar un incremento salarial. Dicho proyecto supone la lógica de la zanahoria y el garrote, por un lado incentivos perversos para orientar el quehacer docente fundamentalmente hacia el adiestramiento para las pruebas estandarizadas y por otra parte, establecer diversas causales de despido para que operen como amenazas a quienes no se encuadren plenamente en esa lógica.

 

EL ENTIERRO DE LA «COMUNIDAD ESCOLAR»

 

La limitada extensión del presente escrito no permite entrar en un análisis detallado, pero sí podemos afirmar que todo el proyecto está cruzado por esta filosofía que valora la competencia y el individualismo por sobre la colaboración y el trabajo en equipo en la función docente. Dicho proyecto sepultaría el concepto de “comunidad escolar” que se promueve en toda concepción integral y humanizadora de la educación, para reemplazarlo de una manera desembozada por la idea de la escuela como una “fábrica de rendimientos en pruebas estandarizadas”, a los docentes como “operarios de la estandarización” y a los estudiantes y apoderados como “clientes consumidores de educación”.

 

“Dicho proyecto sepultaría el concepto de “comunidad escolar” que se promueve en toda concepción integral y humanizadora de la educación…”

 

Una carrera docente que realmente tenga la finalidad de mejorar las condiciones del trabajo pedagógico, debe necesariamente estimular la generación de comunidades escolares y equipos de trabajo, al tiempo de otorgar una adecuada proporción entre horas lectivas y no lectivas, única forma de asegurar la disposición de tiempo para estudiar, planificar y evaluar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Junto con ello debe otorgar condiciones salariales al nivel de otros profesionales del sector público, se debe proteger al docente de la arbitrariedad y manipulación política de los empleadores y se debe otorgar, tanto estabilidad laboral (no inamovilidad) como autonomía en la gestión de los procesos pedagógicos.

 

MARIO AGUILAR ARÉVALO es Magíster en Educación, U. de Chile. Prosecretario Nacional Colegio de Profesores. Fundador Movimiento Refundación.